Una de las funciones de la macroeconomía es habilitar políticas para acelerar o frenar el crecimiento de la economía de un país o región, según se requiera, mediante la intervención del Gobierno y/o del banco central en una economía de mercado. Estas se formulan cuándo el mercado por sí mismo no puede corregir los desequilibrios que se presenten, como es el caso de la economía mexicana, que actualmente atraviesa por un periodo inflacionario, debido a causas multifactoriales, entre las que se pueden citar la invasión de Rusia a Ucrania, y las secuelas sociales que ha dejado la pandemia del Covid-19. Lo anterior ha propiciado que la oferta de productos esté siendo inferior a la demanda de los mismos, lo que hace que se encarezcan los bienes y servicios imprescindibles en la dieta de los consumidores.

Desde inicios de la actual Administración Federal (2018-2024), el Banco de México (Banxico) ha intervenido en las actividades productivas a través del incremento paulatino de la tasa de interés de referencia para frenar el aumento de precios, que conviene decir ha desbordado la meta que se trazó esa institución de 3% de inflación anual, pero al ser insuficiente esa política monetaria restrictiva, el Gobierno implementó, en coordinación con el sector empresarial, el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic), con el cual pretende sumarse al esfuerzo que realiza Banxico, aumentando la producción de determinados productos, sin subir sus precios. La coordinación de las políticas fiscales y monetarias es un buen antídoto contra la inflación, pues los países desarrollados que la han conseguido en poco tiempo han salido de la debacle económica.

El Inegi ha dado a conocer dos indicadores que justifican la creación del Pacic: el primero, el Indicador de Confianza del Consumidor (ICC), que ha tenido una tendencia alcista mensual a partir de febrero del año en curso, aunque todavía está por debajo de los niveles alcanzados antes de la pandemia; sin embargo, es una buena señal porque el consumo privado es el responsable de más de 60% del crecimiento del PIB nacional; sin embargo, a la vez puede ser un detonante inflacionario si el consumidor encuentra las góndolas de los supermercados con pocos productos, pues el desabasto no es un buen aliado de la estabilidad de precios. El otro componente de la demanda agregada, el consumo de los mexicanos, ha tenido una senda de aumentos consecutivos en los últimos ocho meses. Es la compra de enseres domésticos, línea blanca, alimentos y otros, que satisfacen las necesidades de los hogares.

Vale la pena comentar que de la tasa de inflación que se reportó en marzo (7.5%), casi la mitad correspondió a alimentos, de ahí que fue trascendente el acuerdo que se logró con los empresarios para garantizar, al menos, 24 productos de la canasta básica sin cambio de precios, convenio que es parte del Pacic. Otra de las estrategias de este, es influir en el comercio exterior, derogando temporalmente aranceles (impuestos) a las importaciones de granos, que generalmente proceden de Sudáfrica y Estados Unidos. Al desaparecer los impuestos al importador, los precios disminuyen, lo cual beneficia al consumidor final, y contribuye a amainar la especulación que se puede generar, debido a que por lo general el precio de los productos importados (granos) es inferior al de los que se producen en México, lo que desalienta el aumento de precios de los productores locales, porque al hacerlo quedarían fuera de mercado.

Además, el subsidio gubernamental a los combustibles y energía eléctrica continuará, y es probable que se mantenga a lo largo del año. Para algunos analistas, el dejar de gravar a las gasolinas es una medida regresiva que solo favorece a las clases con mayores ingresos económicos, pues poseen varios automóviles particulares. Tal apreciación es debatible, pues el transporte público y de distribución de mercancías también se ve afectado por el aumento del costo de los carburantes, lo que indiscutiblemente afecta el bolsillo de las clases populares.

De acuerdo con datos de la SHCP, el costo al erario federal será de más de 329 mil millones de pesos, y lo más probable es que representará un déficit en las finanzas del Gobierno, no obstante, no se dice cómo se subsanará en el mediano plazo, tal vez en virtud de que es políticamente incorrecto mencionar el aumento de impuestos o recorte en los programas sociales como una estrategia para cubrir el faltante monetario.