No todo se puede destruir, desactivar o desaparecer. Las tres “D” de la 4T.

Ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación sepultó el “agandalle” que a escasas 96 horas de terminar 2022 pretendió asestar el grupo parlamentario de Morena y partidos aliados a los medios de comunicación, estados y municipios del país, al invalidar en su totalidad, por “violaciones graves al procedimiento legislativo”, las reformas político-electorales realizadas a la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, las cuales habían entrado en vigor el 27 de diciembre con su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Conocidas popularmente como “Plan B”.

En otras palabras: cuatro meses duró la modificación arbitraría que –así como que no quiere la cosa– pretendía por un lado borrar de un plumazo la mayoría de los medios de comunicación en el país al cerrarles completamente la llave de los ingresos por publicidad oficial, restringiendo por consecuencia los espacios para la crítica periodística, la investigación y la verificación informativa, y por el otro limitar la difusión a otros entes que no sean el Presidente, titular del Ejecutivo. Borrarlos de un plumazo también, e instituir una República unipersonal.

Como se publicó en este mismo espacio el 24 de enero, los cambios fueron hechos literalmente con las patas y sobre las rodillas. No existía siquiera una correlación de artículos con orden y sentido entre lo derogado y lo promulgado. Se trató de una mala técnica legislativa hecha con prisas, al cuarto para las 12 de concluir el 2022, utilizando por enésima ocasión el pretexto de la austeridad. Como si al desaparecer recursos erradicaran presuntos males, cuestión a todas luces errónea. No teníamos un problema frente a los ojos, más bien lo estaban creando.

Si bien el atropello en ningún momento aplicó en Coahuila debido a que se formalizó a escasas 96 horas de comenzar el proceso electoral (lo cual es indebido pues las reglas del juego deben quedar fijas por lo menos 90 días antes de iniciado) para clarificar el tema se publicó el 24 de febrero en el Periódico Oficial del Estado un acuerdo para dar a conocer la suspensión de los efectos y consecuencias del decreto a los servidores públicos de la administración estatal. Lo anterior luego de que fue admitida por la Suprema Corte el 20 de febrero la acción de inconstitucionalidad que ayer deliberó, y en esa misma fecha quedaron sin efectos legales y administrativos las reformas legales en tanto se resolvía el fondo del asunto.

En vía por separado aunque con el mismo fin, el 25 de abril concluyó en el Senado el proceso legislativo para eliminar el límite al gasto público en publicidad oficial establecido ¡por ellos mismos! cuatro meses atrás en 0.1% del presupuesto, contenido en el párrafo último del Artículo 26 la Ley General de Comunicación Social, promulgado el 27 de diciembre.

Y ojo: se consumó con 94 votos a favor, ninguno en contra. Por unanimidad, pues. Previamente, el 22 de marzo, se había votado –sin debate– lo mismo en la Cámara de Diputados con 470 a favor, cero en contra, y una abstención.

Es decir, los propios representantes del régimen cayeron en cuenta meses después de que, es tan nocivo el obradorismo, que hasta sus propios intereses perjudica. Ahora, en cambio, las entidades federativas y los municipios determinarán su propio límite del gasto del Programa Anual de Comunicación Social. Algo racional, considerando su autonomía como poderes. Simple federalismo; ninguna concesión graciosa.

Cortita y al pie

Al resolver la acción de inconstitucionalidad 29/2023 y sus acumuladas, la Corte puso en evidencia lo que se sabía de antemano: los diputados y senadores de Morena y partidos aliados, aprovechándose de su mayoría, votaron sin siquiera leer lo que estaban votando, en automático, para impedir cualquier respuesta en contrario de la oposición. “Desconociéndose con ello el principio de deliberación informada y democrática, así como los derechos que asisten a la representación popular”.

Bajo un “cúmulo de irregularidades y violaciones a los reglamentos de cada cámara en las que se incurrió”, se quebrantó “la necesidad de resguardar el debido proceso, el respeto a los derechos de las minorías parlamentarias, la libertad de expresión que asiste a cada uno de los legisladores, así como su derecho al voto, de forma tal que ningún parlamentario sea excluido del proceso deliberativo, aspectos que en el presente caso impidieron que existiera un debate abierto e informado por parte de todos los integrantes del cuerpo legislativo, respetando los tiempos y las formas respectivas, pues no se tenía un conocimiento preciso sobre el alcance de las disposiciones que se estaban modificando”.

Justo como sucedió el 28 de abril con el albazo legislativo donde participaron 65 senadores, entre ellos el coahuilense Reyes Flores Hurtado, como se difundió aquí.

La última y nos vamos

“No me vengan con ese cuento de que la ley es la ley”, dijo el 6 de abril de 2022 el Presidente, embriagado de autoritarismo, durante una conferencia matutina en Palacio Nacional. El mismo que años atrás (2004) afirmaba no acataría “una sentencia que considere injusta”, o mandaba “al diablo las instituciones” (2006).

Pues sí: la ley es la ley. Y por el bien de todos, más vale que siga siéndolo. También las urnas sirven para recordárselos.