La regularización de autos “chocolate” es un cuento de nunca acabar. Mientras el contrabando de vehículos no se ataque de raíz y quienes han convertido esa práctica un negocio ostensible y lucrativo —incluidos los partidos— no reciban castigo, el problema persistirá en detrimento de la economía nacional. Pretextos para nacionalizar unidades extranjeras sobran, pero en el fondo siempre existirá una intencionalidad política. Javier Mariscal escribe sobre el tema en Espacio 4 (677).

“Desde junio pasado, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció que firmaría un decreto para regularizar los vehículos extranjeros que han ingresado al país sin documentos ni permiso de importación —conocidos como “chocolates”—, el tema encontró el rechazo del sector empresarial. (…) La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores calificó la propuesta como ‘un premio a la ilegalidad en plena crisis’. El Acuerdo para regularización de vehículos usados de procedencia extranjera fue firmado por López Obrador el 16 de octubre, en Baja California. Dos días después la Secretaría de Hacienda lo publicó en el Diario Oficial de la Federación.

“Con la regularización de vehículos fronterizos, el Presidente de México actúa para atender el tema de la seguridad y los problemas sociales”, afirmó durante la firma del decreto la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Vázquez. AMLO comentó que ‘los autos chocolate se podrán regularizar con un pago de alrededor de 2 mil 500 pesos —que incluirá el cobro por legalizar la unidad y los derechos estatales de control vehicular y laminado—, dinero que se quedará en cada estado y se usará para mejorar las vialidades”. Es decir, será dinero etiquetado, no administrable a libre arbitrio por los gobiernos estatales. Mencionó como ejemplo que en Baja California circulan 500 mil vehículos irregulares, y si se legalizan todos ellos se recaudarían cerca de mil 300 millones de pesos.

“Entre las limitantes se estableció que, si bien el trámite abarcará unidades de todo tipo y de cualquier gama de lujo y año-modelo, solo aplicará para las que ya estaban en territorio nacional al día en que se firmó el decreto, y en estados de la frontera norte y Baja California Sur. Al trámite se vincularán las secretarías de Gobierno, Economía, Hacienda y de Seguridad y Protección Ciudadana, para darles rostro, nombre y domicilio a estas unidades a través del Registro Público Vehicular (Repuve).

“El gobernador Miguel Ángel Riquelme reprochó ‘que se tomen decisiones unilaterales sin medir el impacto ni explicar cómo quieren regularizar los vehículos, por lo que ahora habrá que entrarle al desmadre, pues preocupan estas políticas populistas que dañan sectores y no miden el impacto real sobre una industria que en Coahuila genera 150 mil empleos’ (El Universal, 18.10.21). (…).

“Otro que también manifestó su rechazo fue el expresidente Vicente Fox, quien descalificó el proyecto y en una publicación vía Twitter (17.10.21) aseguró que habría un impacto económico negativo en la industria automotriz de México. ‘Por más que trates de endulzarlo es una regada más. Se perderán muchos empleos en la industria automotriz mexicana. Corrige!!’, pidió al Presidente. El posicionamiento de Fox es político, no económico, porque también él, durante su mandato, permitió en 2006 la legalización de más de un millón de autos irregulares.

“Respecto al amago de AMDA sobre impugnar el decreto, el Presidente replicó en la mañanera del 20 de octubre: ‘Están en su derecho de combatir, aunque nuestra decisión se justifica con el argumento de que darles un registro formal evitará que los autos chocolate sean usados para cometer ilícitos. Además, son una opción para las familias que no pueden acceder a un automóvil nuevo y lo requieren para acudir al trabajo o llevar a sus hijos a la escuela’. Apuntó que ‘no se considera que regularizarlos perjudicará a los distribuidores de unidades nuevas, puesto que hay mercado para todos, porque México está en crecimiento’.