Nuevas investigaciones, sobre las causas que influyen en que la esperanza de vida de las mujeres sea mayor a la de los varones -que en promedio viven cinco años menos- descubrieron que en el proceso de envejecimiento, los hombres pierden paulatinamente el cromosoma “Y” en la sangre, lo que podría explicar, en parte, la diferencia de edad entre ambos géneros, según lo dio a conocer un periódico español, que publicó un estudio realizado por una universidad del Reino Unido acerca de la longevidad.

En México, en 2019, las mujeres vivían en promedio 78 años, mientras los varones 72 (Conapo), una diferencia de seis años, por arriba de la media mundial. Por otro lado, de acuerdo con la misma fuente, en Coahuila el promedio de vida de ambos sexos llegaba a 75.6 años. Las asimetrías en las expectativas de la existencia humana y el discreto rol que ha desempañado la mujer en la vida pública mexicana demandan la formulación de políticas públicas y electorales que consideren y apoyen su participación de forma más igualitaria en la toma de decisiones gubernamentales.

Aunque de manera lenta, en relación con el atraso ancestral que se lleva, pero segura, se han empezado a dar los primeros pasos en paridad de género, al menos, en el Poder Ejecutivo federal. A principios de 2021, de las 19 secretarías que conforman el gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador, 8 eran presididas por funcionarias, alrededor de 42 por ciento.

Cabe señalar que en las próximas elecciones (2023) para elegir gobernador (a) en el Estado de México y Coahuila, se está cumpliendo la coloquial frase que generalmente se escucha antes de la contienda electoral entre los “suspirantes” al ansiado cargo: la política mexicana no tiene sorpresas sino sorprendidos: estos no esperaban que pudiera poner en riesgo su supuesta candidatura una cuestión de igualdad de género.

Una reforma pactada hasta 2029, de pronto se anticipa y aparece en la agenda del organismo regulador electoral, que elaboraba recomendaciones a los partidos políticos con la intención de modular y “aterciopelar” los cambios que se pueden avecinar al negar el registro electoral a los varones. Con una interpretación muy sui generis y salomónica de la ley, el INE propone impulsar que por cada dos candidaturas estatales a gobernador, al menos una sea asignada a mujeres, que competirían abanderadas por cada partido o formando coalición.

Tal vez impulsar a la mujer en sus aspiraciones políticas a través del cumplimiento de cuotas de género exigidas por ley (ver reformas a la Constitución del 6 de junio de 2019) no sea el método más pulcro, desinteresado y sin sesgos de elegibilidad; lo ideal habría sido que los institutos políticos y servidores públicos seleccionaran a los cuadros con más capacidad, habilidad y experiencia, para ocupar los puestos y carteras de trabajo, independientemente del género.

Se puede concluir que lamentablemente en nuestro país se presentan factores sociopolíticos discriminatorios hacia el sexo femenino, muy arraigados en la población, sobre todo adulta, que para eliminarlos o al menos moderarlos se requiere una reeducación entre los niños y jóvenes, que se logra en el largo plazo. La subcultura machista mexicana, articulada desde la llegada de los españoles, habría inhibido cualquier esfuerzo por más loable que fuera, de poder incorporar a la mujer en la actividad política, con la sola excepción de la obligatoriedad por leyes y reglamentos. La curva de aprendizaje que les espera a las futuras gobernadoras y presidentas de la República, llevadas al poder por el voto ciudadano en el mediano plazo, es ascendente y sinuosa porque serían las primeras en gobernar en estados como Coahuila y Estado de México, entre otros.