La reforma laboral promulgada desde el 1 de mayo del año 2019, tiene como finalidad principal, cumplir los compromisos adquiridos por nuestra nación en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, al cual se le ha denominado como T-MEC, o también TLCAN 2.0 o NAFTA 2.0, todo esto para distinguirlo del anterior Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Esta reforma contempla principalmente, crear centros especializados en conciliación, que buscan disminuir la judicialización de los conflictos entre trabajadores y patrones; además, obliga a los estados a construir tribunales locales y federales, que reemplazar a las actuales juntas de conciliación, y que dependerán de los poderes judiciales federales y estatales. Incluso, contempla la regla de mecanismos de democracia sindical, como el derecho al voto personal, libre, directo y secreto para la elección de los liderazgos sindicales.
Por desgracia, Coahuila aún no conoce de las bondades de esta novedosa ley laboral, dado que nuestro estado es uno de los 12 que conforman la tercera y última etapa de la implementación de esta reforma, la cual mandató que su ejecución geográfica sería en tres tiempos.
El primero inició el 18 de noviembre del 2020, en los estados de Durango, Estado de México, San Luis Potosí, Zacatecas, Campeche, Chiapas, Tabasco e Hidalgo; Mientras que el segundo tiempo o etapa arrancó el pasado 3 de noviembre con los estados de Aguascalientes, Baja California, Colima, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Tlaxcala, Veracruz, Quintana Roo, Baja California Sur y Guerrero.
Así pues, la tercera y última fase, la tendrán Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Michoacán, Jalisco, Ciudad de México y Yucatán.
Lo que nos lleva a concluir que nuestro estado será uno de los últimos en incorporar los nuevos mecanismos de solución de conflictos y participación sindical que ya opera con mucho éxito en los otros estado, según lo dicho por la titular del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján.
La mencionada funcionaria federal, aseguró en noviembre pasado, que en los estados en que ya trabajan los nuevos tribunales laborales resuelven en menos de 45 días, por la vía de la conciliación, el 70% de los asuntos recibidos, tanto federales como locales, y que los juicios solo duran un tiempo máximo de 4 meses. Las anteriores misericordias anunciadas por Acalde Lujan, de esta reforma, representan un sueño para los coahuilenses que nos hemos acostumbrado a recibir una muy lenta justicia laboral, por consecuencia de la enorme carga de trabajo que tienen nuestras actuales juntas de conciliación y arbitraje.
Ahora bien, por si fuera poco castigo ser los últimos en la implementación de esta reforma laboral, ahora debo revelarles que en el mes pasado, nuestro estado solicitó al Congreso de la Unión una prórroga adicional de cinco meses más, para realizar los cambios e infraestructura necesaria para adoptar esta nueva legislación, lo anterior por no contar con los recursos suficientes para hacerlo, tiempo que le fue concedido, lo que traerá como consecuencia, que ahora tengamos que esperar hasta octubre de este año a los tribunales laborales que se suponía se inaugurarían el próximo mes de mayo, y que esperamos desde el año 2019. Esto si no se les ocurre idear un nuevo aplazamiento.
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