La carrera por la gubernatura sigue la pauta de las elecciones previas: nombrar de antemano al candidato del PRI y sofocar cualquier intento de rebelión o competencia interna. El aparato se encarga del resto. Los aspirantes sacrificados reciben en compensación cargos públicos y sinecuras. Desde la alternancia, los presidentes cedieron a los gobernadores la facultad de elegir heredero. No todos lo consiguieron, pues la ciudadanía se manifestó en las urnas contra el continuismo y las oposiciones empezaron a ganar territorios. Esa circunstancia abrió la puerta al «feuderalismo». Liberados de la férula centralista y con los hilos del poder en un puño, los jefes políticos locales implantaron en sus estados la estructura presidencial anterior al cambio de partido en el Ejecutivo Federal (nula separación de poderes y falta de contrapesos para evitar el abuso de poder) y medir fuerzas con el presidente de turno a través de la Conago y de la Alianza Federalista.

Empero, el desgaste del modelo provoca malestar e impide la formación y renovación de cuadros. Coahuila acusó los primeros signos de agotamiento en la sucesión de 2017, cuando el PRI estuvo a punto de perder la gubernatura con el PAN. Otro factor que modifica el escenario de la sucesión del 2023 es la concentración del poder por parte de Andrés Manuel López Obrador. Como en tiempos de la Presidencia imperial, AMLO decide quiénes son los candidatos de Morena. De los 24 gobernadores elegidos entre 2018 y 2021, 18 son de Movimiento de Regeneración Nacional. La efectividad es del 75 por ciento.. Para los comicios del 5 de junio próximo, Morena tiene seguros cuatro estados (Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas; los dos primeros en poder del PRI y el par restante en manos del PAN), de acuerdo con encuestas.

El destape de Manolo Jiménez (nieto del exlíder del PRI, Luis Horacio Salinas), lo hizo el gobernador Miguel Riquelme el año pasado en una cena con la oligarquía local, cuya influencia no tiene límite. (A escala nacional, la llegada de López Obrador a la presidencia rompió ese vínculo). La decisión no sorprendió a las oposiciones, pues Riquelme ya había placeado a Jiménez dentro y fuera del estado. El PAN obtuvo su máxima votación en 2017, pero en los últimos procesos Morena lo desplazó como segunda fuerza electoral en el estado.

En el escenario actual, lo más probable es que Acción Nacional se una al PRI y al PRD para afrontar a Morena en las elecciones de 2023, lo cual cancelaría al partido albiazul cualquier posibilidad futura de ser Gobierno. El rechazo del panismo tradicional y de un sector del electorado a una coalición de ese tipo tendría efecto en las urnas, pues, en caso de ganar, daría impunidad de por vida a los Moreira en temas sensibles como la megadeuda y las empresas fantasma.

El dominio sobre el Congreso, el Tribunal de Justicia y la alianza con los poderes fácticos le han permitido a Riquelme mantener el control político del estado. La pregunta es si la maquinaria priista está suficientemente preparada y el Gobierno acorazado para enfrentar a Morena y al aparato de la Cuarta Transformación, volcados en Coahuila desde las elecciones revocatorias. El presidente López Obrador interviene sin disimulo en los procesos estatales y hace proselitismo en favor de sus candidatos. Los gobernadores han utilizado siempre los recursos a su alcance para ganar las elecciones. En Estados Unidos y otras democracias sucede lo mismo, pero la Ley lo permite. En México, teóricamente, está prohibido.