Ginebra.- El traslado forzoso de miles de niños ucranianos a zonas ocupadas por Rusia y a decenas de divisiones administrativas del país agresor -algunos a zonas tan alejadas como el Ártico o Asia Central– constituye un crimen contra la humanidad.

Es la conclusión del informe elaborado por una comisión investigadora de la ONU, que esta semana se publicará ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

El documento de la Comisión Internacional Independiente de Investigación para Ucrania recoge pruebas de al menos 1.205 transferencias a zonas ocupadas de Ucrania o deportaciones a Rusia de menores de entre 11 meses y 17 años, de los que un 80 % aún no han regresado.

En investigaciones anteriores, la comisión de tres expertos, presidida por el noruego Erik Mose, ya había concluido que estos traslados constituían crímenes de guerra, pero ahora ha elevado sus acusaciones a crímenes contra la humanidad, al interpretar-entre otras razones- que se llevaron a cabo de forma extensa y sistemática.

“ Las autoridades rusas en los niveles más altos, incluido el presidente (Vladímir) Putin y entidades que responden directamente ante él , han coordinado las modalidades prácticas para llevar a cabo estas deportaciones y traslados», sostiene el informe de 17 páginas.

Según sus datos, de los 1.205 casos confirmados al menos 995 fueron trasladados a la fuerza desde las zonas ocupadas de Lugansk y Donetsk a territorio ruso poco después de la invasión a gran escala en febrero de 2022.

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