Cuando todavía no se apagan todos los fuegos de la “casa gris” de José Ramón López Beltrán y su presunto conflicto de interés, un nuevo escándalo de corrupción se cierne sobre la Presidencia de la República.

La audiencia judicial que hoy tendrá lugar para definir la situación jurídica de los abogados César Omar González Hernández, Juan Antonio Araujo Riva Palacio, Daniel Carrancá de la Mora y Alejandro Robledo Carretero, todos integrantes del despacho Consultores Legales, podría ser el detonante de una investigación mayor que involucre, como ya lo hizo el denunciante Juan Collado, a Julio Scherer, exconsejero jurídico y hombre de todas las confianzas del presidente López Obrador.

El juez de Control, José Rivas González, definirá, con base en lo que declaren los cuatro abogados vinculados a Scherer Ibarra, si los litigantes incurrieron en presuntas extorsiones, lavado de dinero, tráfico de influencias y asociación delictuosa, de los que los acusa la Fiscalía General de la República, como parte de una operación para ofrecer “protección y libertad” al abogado Juan Collado, quien acusa directamente a González, Araujo, Carrancá y Robledo, de pedirle dinero a cambio de su liberación y de haberle incluso solicitado –presuntamente a nombre de Scherer– que entregara la Caja Libertad, el negocio financiero de su familia, al Banco Afirme, a cambio de que lo sacaran de la cárcel.

La gran incógnita es si los cuatro abogados acusados se presentarán a la audiencia, pues de acuerdo con versiones de inteligencia federal, citadas por el diario La Jornada, el 6 de febrero, César Omar González, quien es además sobrino de un ministro de la Suprema Corte, habría salido del país desde esa fecha.

Y si se presentan los imputados, también habría que ver qué es lo que declaran en su defensa y si alguno de ellos involucra o no al exconsejero jurídico en las presuntas actividades ilícitas.

Ayer mismo Scherer Ibarra, en su cuenta de Twitter, respondió al contenido de una nota publicada en Reforma: 1. En efecto, recibí a los hijos del señor Collado, a solicitud expresa de ellos. 2. Turné el asunto a la Fiscalía General de la República, por ser de su competencia. 3. No conozco personalmente al señor Collado ni estoy enterado de las conversaciones de este con sus abogados. Todo lo demás son inferencias de mala fe”.

Más allá de las versiones de cada parte, será el juez el que decida qué tan sólidas son las acusaciones de la FGR y si estos cuatro abogados fueron parte de una presunta red de extorsión, tráfico de influencias y lavado de dinero, en la que se habrían utilizado el poder de la Presidencia de la República y hasta al Poder Judicial federal para extorsionar y cobrar millonarias sumas a cambio de protección judicial y de “arreglar acusaciones” formuladas por la Fiscalía General de la República.