En México, mientras una gran parte de la población sufre de pobreza alimentaria, otros, de manera sorprendente, enferman y mueren a causa de la obesidad. Como problema socioeconómico, unos comen, pero se alimentan mal y, otros, ni siquiera tienen acceso a “productos chatarra”. A final de cuentas, la gran mayoría de la población no tiene la capacidad económica de alimentarse de manera saludable y suficiente como para poder tener una buena nutrición.

El problema del hambre en México, según datos de la Escala Mexicana de Seguridad Alimentaria (EMSA) y la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH), concluyen que la carencia de acceso a la alimentación se encuentra con mayor intensidad en las zonas rurales, pero también está presente en las zonas urbanas; por otra parte, este fenómeno en su dimensión geográfica habita considerablemente en lo que conocemos como Zonas de Atención Prioritaria (más del 40% en la actualidad).

Las causas del hambre son multifactoriales, pero sus determinantes están íntimamente ligadas a la inseguridad alimentaria y la vulnerabilidad frente a esta. Podemos señalar que el hambre se puede deber a la escasez o a la falta de producción de alimentos, o bien a la pobreza extrema.

Existen diversas estrategias y acciones para paliar, mediatizar y tratar de erradicar estos problemas, esa no es la disyuntiva, lo fundamental sería el diseño y la implementación conjunta e integral de esas estrategias. Lo que se tiene en México son programas desarticulados, sin visión general o de conjunto, con múltiples duplicidades, que atienden varias veces a los mismos beneficiarios, sin objetivos comunes y sin buscar sinergias.

Amartya Sen, Premio Nobel de Economía en 1997, dijo lo siguiente sobre el hambre en el mundo contemporáneo:

Para eliminar el hambre en el mundo moderno es crítico entender el problema en un marco adecuadamente amplio, incluyendo no solo la producción de alimentos y la expansión de la agricultura, sino también el funcionamiento de la economía en su conjunto, y –aún más ampliamente– la operación de los arreglos políticos y sociales que pueden, directa e indirectamente, influir en la habilidad de las personas para adquirir alimentos y para lograr tener salud y nutrición. Más aún, mientras que mucho pueda lograrse a través de una política gubernamental sensata, es importante integrar el papel del Gobierno con el funcionamiento eficiente de otras instituciones económicas y sociales –las cuales van desde el comercio e intercambio, hasta el funcionamiento activo de partidos políticos, organizaciones no gubernamentales y las instituciones que sostienen y facilitan la discusión pública informada, incluyendo a medios informativos efectivos.

Combatir el hambre es una cuestión de justicia social, sin embargo, la obesidad también está fuertemente ligada a la pobreza. La disponibilidad de alimentos conocidos como “chatarra” ha permitido que los individuos se alimenten mal y aumenten de peso por una alta ingesta de calorías. Las personas, al tener menor ingreso económico, acceden a alimentos procesados que no proporcionan la cantidad necesaria de nutrientes, es decir, carecen de seguridad alimentaria porque no comen debidamente.

La pobreza alimentaria y la obesidad son problemas que generan graves consecuencias económicas, sociales y de salud. Nuestro país enfrenta muertes por desnutrición y por obesidad. El problema debe atacarse desde ambas trincheras.