Entre calificativos de “amañada y vergonzosa” (palabras de sus propios participantes como Diana Hernández, excandidata a diputada local y federal en Saltillo), la jornada para elegir consejeros nacionales de Morena se desarrolló en Coahuila el domingo pasado.

Un proceso que, justo es decirlo, fue organizado (o desorganizado, según se vea) de principio a fin por el partido en la entidad: ellos pusieron mesas de votación, contaron votos y cantaron ganadores.

A diferencia de otros estados, en Coahuila no hubo robo y quema de urnas –no documentado, por lo menos– aunque sí conatos de bronca y movilización (acarreo, como despectivamente se le dice). Sectarismo.

Ello motiva una pregunta: ¿qué tiene Morena para que sus militantes y simpatizantes protagonicen encarnizadas luchas por el poder y control del instituto político?

Cito un par de ejemplos para responder esa pregunta.

La Unidad Técnica de Fiscalización del INE reporta un contrato firmado por el Comité Ejecutivo Estatal de Morena con fecha 14 de diciembre del 2020 por 1 millón 988 mil 308 pesos, por concepto de “servicios profesionales independientes”. Desglosada, la cifra significa 1 millón 714 mil 59 pesos, más 274 mil 249 pesos de IVA.

Y un documento más, a favor del mismo proveedor –que más adelante señalaré– justificado como “otros, logística y organización de eventos”, por 957 mil 204 pesos que data del 16 de octubre de 2020 (en 2020, cuando el proceso electoral fue suspendido varios meses debido a la emergencia sanitaria y la jornada electoral reprogramada).

Lo irónico es que no hubo entonces –por mencionar algo acostumbrado– un cierre de campaña masivo ni un acto de “agradecimiento”, pues nada tenía qué agradecer a un hipotético electorado Morena ya que perdió todo en esa elección local. Tampoco había espacio entonces para las congregaciones multitudinarias de personas. Los gastos, por tanto, se redujeron al mínimo.

Pero había que justificar el dinero recibido y aquí viene lo interesante. Los referidos 2 millones 945 mil 512 pesos en total fueron adjudicados a Venemex Enterteinment (no Entertainment, como sería en correcto inglés), S.A. de C.V., “empresa” constituida el 25 de mayo de 2018 en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, por un par de socias de 23 años en ese momento: Tania Lizbeth González Barajas y Jenifer Judith Félix Martínez, mismas que ninguna relación efectiva tienen con la razón social y su ámbito: asesoría financiera.

Son evidentes las faltas de ortografía y un sugerente nombre: Venemex, la contracción de las palabras Venezuela y México, pero no nos distraigamos con el detalle ni alentemos los prejuicios, sino concentrémonos en lo importante.

La hipótesis es muy simple: el Comité Ejecutivo Estatal de Morena no sacó todo el dinero para sus actividades ordinarias (22.5 millones de pesos de financiamiento público ese año) y lo justificó al final, con un par de facturas, una de ellas 17 días antes de concluir el ejercicio fiscal.

Antes de que la carroza se convirtiera en calabaza y tuviesen que ser devueltos los recursos del ámbito local a la Tesorería de la Federación. Lo anterior fue reportado y fiscalizado hasta mediados de 2021.

Como antecedente de contratación, Venemex Enterteinment, S.A. de C.V., recibió 1 millón 861 mil pesos en el ejercicio fiscal 2019 de General Zuazua, Nuevo León (Administración de Morena, cabe señalar) bajo el concepto “grupos musicales y eventos”. De acuerdo con la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León, el 14 de agosto de 2019 se realizó el pago mediante transferencia electrónica.

Sin embargo, luego de un análisis de la documentación presentada para su auditoría (copias fotostáticas certificadas de tres cotizaciones por escrito a proveedores de servicios musicales para la feria que organizó el municipio, procedimiento de invitación restringida IR-01/2019 para la adjudicación de los servicios con su respectivo contrato número MGZ-EVENTOS-070/2019, constancia de situación fiscal emitida por el Servicio de Administración Tributaria, así como “cartelera de la participación de los grupos musicales en el evento y material fotográfico”) no se solventó lo observado ni se pudo comprobar el servicio.

Cortita y al pie

En 2021 se repitió el modus operandi. A escasos 11 días de terminar el año, el 20 de diciembre, el Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Coahuila justificó una erogación por 1 millón 500 mil pesos con una factura.

El escogido fue Consultores Ancom, S.A. de C.V., sociedad mercantil creada en Naucalpan de Juárez, Estado de México. En este caso ni siquiera se ocuparon de mencionar en sus comprobantes qué recibió el partido a cambio de la cantidad, ya sea un bien o un servicio. Nada.

La persona moral favorecida fue dada de alta el 10 de noviembre de 2017 y su objeto social es asesoría fiscal a contribuyentes vía contabilidad electrónica, entre otros. Como socios figuran Ana Karen Banti Rodríguez y Juan Manuel Guzmán Velázquez, de 23 y 26 años respectivamente, nombres en el papel, sin ninguna relación efectiva con la “empresa”.

La última y nos vamos

En 2020 no solo perdieron 16 de 16 distritos electorales locales, también “extraviaron” –por decirlo de alguna manera– casi 3 millones de pesos al simular operaciones a través de la emisión de comprobantes fiscales digitales. Ahí está el negocio.

En 2021, no solo perdieron cinco de siete distritos electorales federales y 30 de 38 ayuntamientos, además “extraviaron” 1 millón 500 mil pesos. Repitieron la dosis.

¿Austeridad republicana? ¿Pobreza franciscana?