Por sí mismo el tema no merecería mayor comentario al ser una perogrullada, aunque la vacuidad del asunto no está peleada con su gravedad, así que, ahí voy.

El pasado martes, aprovechando los medios de comunicación presentes en la sesión del Congreso del Estado, el diputado local por Morena, José Alberto Hurtado Vera, transmitió una noticia para las cámaras, micrófonos y celulares que lo enfocaban al final del evento, a pie de calle: que presentará en lo sucesivo una iniciativa de ley para aplicar pena de muerte a violadores y pederastas en Coahuila, y que para tal propósito (o despropósito, según se vea) se hará acompañar por expertos en el ámbito jurídico y colectivos de víctimas.

Sin embargo, no se necesita ser una lumbrera para saber que la propuesta que aún no nace, en caso de nacer, nacerá muerta. ¿Quién puede emocionarse o entusiasmarse con la idea? ¿Qué clase de criaturas somos?

Por principio de cuentas la Constitución Política expresamente prohíbe dicha pena corporal, entre otras que fueron abolidas en 2005 pero que, en la práctica, no se aplican desde 1937 en el ámbito civil, y desde 1961 en el militar.

Además nuestro país está suscrito a tratados internacionales que la impiden, y estos están jerárquicamente al mismo nivel que la Carta Magna. Cosa curiosa: la última ejecución en México se aplicó en Saltillo, específicamente en las instalaciones de la Sexta Zona Militar, hace 63 años.

Si bien todo es susceptible de ser reformado en un momento dado para adaptarse a la realidad, pues las normas rigen la vida de los hombres en sociedad en un momento determinado que puede transformarse, evolucionar o involucionar, en el tópico que nos ocupa no existe alguna posibilidad.

Sería gracioso ver a un “derechohumanero” de los que dice consultará el legislador para su proyecto, justificando con argumentos la pena de muerte. ¿Bajo qué perspectiva?

Ni siquiera se podría considerar una ocurrencia proferida de buena fe. El interés es polemizar. Y no con la intención de debatir para contrastar conocimientos y aproximarse a la verdad, sino subirse con un tema o con un pretexto a la agenda pública, y si hay suerte, a la opinión pública también.

Cualquier cosa vale; notoriedad es el objetivo. El aplauso fácil del tendido de sol.

Que lo volteen a ver, bajo la premisa popular de que “santo que no es visto no es adorado”.

Tampoco es tener empatía con una de las causas feministas. Es, por lo contrario, ser un “cáemebien”. O pretender serlo. Y en estricto sentido desinformar; generar falsas expectativas. El trasfondo es lo de menos. Las consecuencias ni siquiera han sido previstas. Y eso es lo alarmante; si el tema fuese serio sería peligroso.

Por lo demás tampoco es nuevo. En los albores del Moreirato, durante 2008,

Humberto Moreira planteó lo mismo, la denominada pena capital, en contra de secuestradores homicidas. “Mínimo en la silla eléctrica”, opinó (28/08/08).

Inclusive, en esa borrachera de poder que se gestó entonces, la Legislatura vigente aprobó en diciembre del mismo año un dictamen de ley que, justo es decirlo, nunca se aplicó en la entidad pues un ordenamiento local no puede estar por encima de la Constitución, ni el Poder Legislativo del Estado por encima del Congreso de la Unión.

Dieciséis años después alguien vuelve a pronunciar el equívoco. No sorprende el talante del protagonista: exfuncionario durante la administración panista de Isidro López, facilitador del PRI y portador del sombrero del finado Armando Guadiana.

Cortita y al pie

Ya somos una “Necromáquina” (una máquina de muerte, como definió Rossana Reguillo en su libro (2021) homónimo). Siguiendo la teoría de la autora, un “necropoder” se ha establecido en México; “un dispositivo de muerte que avanza engullendo territorios, cuerpos y futuros”, el cual representa “un tiempo de colapso en el paradigma civilizatorio de la modernidad”.

Por ello, afirma, “romper ese circuito de normalización es fundamental para hacer que la vida importe”. Y tiene razón.

Pese al subregistro demostrado en las cifras oficiales (ocultamiento de muertos, pues), van 181 mil 384 homicidios dolosos en el sexenio que apenas es quinquenio. Ya es el más mortífero de la historia desde la Revolución Mexicana.

Hasta de sentido común es: no se puede apagar el fuego con gasolina.

La última y nos vamos

Alberto Hurtado es un representante de Morena en Coahuila. El que ocupó la posición de privilegio en las candidaturas plurinominales, por encima de cualquier otro. Y lo mostrado antier es el nivel real de la fracción parlamentaria (cinco curules) en su conjunto: ruido de chicharrones. Nada más.