Hace unos días, en la Academia Interamericana de Derechos Humanos, centro de investigación especializado en esta materia y que tengo el privilegio de dirigir, dimos la bienvenida a la segunda generación de la Licenciatura en Derecho con Perspectiva en Derechos Humanos.

Esta carrera, además de incorporar en sus planes de estudio los más altos estándares en enseñanza y aprendizaje jurídicos, contempla el uso de herramientas pedagógicas innovadoras y vanguardistas. Además, lo que realmente distingue a nuestra Licenciatura, y a todo el trabajo que hemos desarrollado desde el principio, es que no solo buscamos formar excelentes juristas y profesionales del derecho, sino también potenciar la mejor versión de cada estudiante.

No es mera retórica, sino lógica y sentido común. Nuestra conducta profesional, y en general nuestra manera de interactuar con el mundo, refleja qué tipo de personas somos. Como he mencionado anteriormente, ser una buena persona abogada no se limita a conocer detalladamente las normas jurídicas —mucho menos a memorizarlas, lo que es inútil debido a la velocidad con que cambian—, sino que implica creer en valores esenciales como la justicia, el respeto y la tolerancia.

Si en nuestra vida cotidiana no mostramos respeto y actuamos de manera injusta y aprovechada, incluso en nuestras relaciones personales, ¿cómo esperamos desempeñarnos como juristas que defienden la justicia? ¿Cómo podemos exigir respeto y tolerancia?

En días recientes, debido a diversas situaciones personales y profesionales, he interactuado con personas que me han llevado a reflexionar sobre la importancia de que los juristas vivamos, pensemos y actuemos conforme a lo que consideramos justo. En futuras colaboraciones, reflexionaré sobre mi propia percepción de lo que es la justicia.

Por un lado, me topé con funcionarios públicos que, bajo el argumento de que “la ley es la ley”, intentaron ofenderme al discrepar con su interpretación y aplicación de una ley, claramente discriminatoria y en contra, tanto de la Constitución como de tratados internacionales de derechos humanos, ambos de jerarquía superior a esta ley.

Sin embargo, también tuve la oportunidad de escuchar testimonios de mujeres víctimas de un sistema de justicia patriarcal. Su falta de conocimientos y la desventura de cruzarse con profesionales del derecho, ya sean litigantes o jueces, posiblemente desinformados, pero ciertamente inescrupulosos, las llevó a enfrentar severas discriminaciones y atentados contra su libertad, integridad personal y vida.

Existen múltiples explicaciones para estas experiencias. Sin embargo, al contextualizarlas ampliamente, se evidencia que lo que motiva a estas personas es un sentimiento negativo de rechazo hacia “la y el otro”, frecuentemente visto como diferente o incluso inferior debido a estereotipos y patrones arraigados desde nuestra educación. Continuamos perpetuando estas creencias, como si careciéramos de la capacidad crítica para cuestionar su veracidad.

Gran parte de estas creencias las asimilamos durante la infancia. Si bien es verdad que las enseñanzas de nuestros padres nos influencian profundamente, no podemos atribuirles indefinidamente las consecuencias en nuestra vida adulta. No es adecuado proyectar nuestras heridas y traumas pasados en nuestras relaciones o en el ámbito laboral.

No podemos cambiar nuestro pasado, pero sí decidir cómo lo interpretamos y cómo vivimos el presente. Es nuestra responsabilidad romper ciertos patrones, no solo en nuestra vida diaria, sino especialmente como juristas, ya que nuestro desempeño profesional puede afectar a las personas. No hay excusas.