Vivimos en días de profunda convulsión social, donde el tejido más íntimo del país se desmorona ante nuestros ojos. Lo acontecido recientísimamente en Torreón con el caso de “Los Cuates”, el inexplicable ataque a una secundaria que cobró la vida de una docente y dejó marcados a varios jóvenes no es un hecho aislado; es el síntoma doloroso de un entorno donde la protección a la infancia, a la juventud y a las madres vulneradas exige una intervención del estado mexicano urgente, humana y comprometida.

​Por desgracia, y aunado a esta crisis, en días pasado se anunció la postergación de la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCyF) que representaba, por lo menos, una esperanza tangible. Este nuevo ordenamiento procesal no era un trámite burocrático más, si no que, imponía al juzgador la obligación legal de investigar de oficio en asuntos de familia. Esa facultad transformaba, ahora sí, al juzgador en un auténtico garante de la justicia, obligado a indagar el fondo de las controversias, velar por el interés superior de los menores y dictar de manera urgente y decidida las medidas de protección a las víctimas de violencia o desamparo.

​En días pasados, el Congreso de la Unión alistó la postergación de su aplicación obligatoria. ¿La causa? El propio oficialismo, en voz del senador Javier Corral, admitió el colapso: la reforma judicial provocó la baja de cerca del 60% de los juzgadores con experiencia a nivel local. La purga ideológica y caprichosa del sistema apartó a los jueces de carrera que sabían ponderar el espíritu de la ley, abriendo paso a juzgadores improvisados, llegados por sorteos o acordeones políticos.

​Los nuevos impartidores de justicia, o “juececitos del acordeón”, que hoy ocupan la titularidad de los juzgados civiles y familiares, en todos los estados, evidencian un absoluto desconocimiento de los criterios jurisprudenciales fundamentales. Carecen de técnica jurídica, de noción sobre el significado real de la justicia y de todo compromiso ético con la sociedad. Ahora, para encubrir su preocupante analfabetismo funcional y su falta de criterio, recurren a resoluciones estandarizadas y automatizadas mediante inteligencia artificial para tramitar expedientes en masa, como si lo que resolvieran no fuera importante.

​Fariseos del derecho, estos administradores mecánicos pretenden librar su impericia refugiándose en algoritmos y justificando la mora procesal en la alta carga de trabajo. Con su actuar insensible, desnaturalizan el principio de inmediación y transforman el interés superior de la niñez en un trámite desalmado. Valiéndose de la prórroga legal aprobada por el Poder Legislativo para seguir dormitando en sus laureles, dejan las garantías procesales de los ciudadanos convertidas en letra muerta. Mientras el régimen prioriza la concentración del poder, las familias mexicanas enfrentan la desprotección total en los momentos más críticos.

​En resumen: La degradación del sistema de justicia no es un debate lejano sobre la división de poderes; es la pérdida de un escudo que debía proteger a nuestros hijos y a nuestros hogares. Cuando la capacidad y la sensibilidad se sustituyen por la lealtad política, la sociedad entera queda en el desamparo. Exigir una justicia profesional, capacitada y humana es el único camino para salvaguardar el núcleo fundamental de nuestra nación: la familia.

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@Ricardo Torres_1