Es un mito que el Presidente, el Gobernador o el Alcalde son “buenas personas” e ignoran las rapacerías de sus subalternos, aseguró Andrés Manuel López Obrador, interrogado sobre la investigación de la Fiscalía Anticorrupción de la FGR contra funcionarios del Gobierno de Rubén Moreira Valdés “por gastos ilegales que ascienden a más de 400 millones de pesos”, desviados del Fondo para el Fortalecimiento Financiero (Reforma, 23.11.20). Los indiciados son, de acuerdo con la indagatoria: Ismael Ramos Flores, exsecretario de Finanzas; Antonio Zerón Puga y Nazario Salvador Iga, director general y de Adquisiciones de la misma dependencia.

La idea de que quienes roban “son los de abajo” se introdujo en el imaginario colectivo para exentar de responsabilidad a sus superiores, declaró en la mañanera del 23 de noviembre pasado. “¿Qué decían antes? Que eran los funcionarios, que el Presidente no se enteraba. ‘El Presidente es buena persona, pero los que lo rodean son corruptos (…)’. Esto mismo se replicaba en los gobiernos estatales. ‘El Gobernador es una buena persona, pero su secretario de Obra(s) Pública(s) es el que da los contratos a empresas preferidas’. Mentira, no hay ningún contrato jugoso, ninguna decisión trascendente que no pase por el visto bueno del Presidente o del Gobernador o del Presidente Municipal. Era hipocresía”.

AMLO asegura que en su gobierno “así como no se tolera la corrupción, la impunidad, no se fabrica delitos a nadie; no se ha ordenado desde la Presidencia que se persiga a alguien”. Antes había advertido que los “responsables de actos de corrupción no solo deben ser castigados, sino (…) procurar que devuelvan lo robado (…) porque es dinero del pueblo”. En Coahuila —dijo en rueda de prensa— la Fiscalía General de la República debe llegar “hasta las últimas consecuencias”.

Los 30 millones de pesos que Alonso Ancira (AHMSA) habría pagado a Rubén Moreira en 2014, por concepto de váticos, equivalen a menos del 5% de los 680.1 millones de pesos desviados por su Administración entre 2014 y 2017, documentados por el Hub de Periodismo de Investigación en la Frontera Norte en el reportaje “Frontera de papel: Desvíos millonarios de empresas fantasma en el norte de México” (Espacio 4, 645).

Las denuncias penales de la Auditoría Superior del Estado (ASE) por el desvío 465 millones de pesos, de los cuales alrededor de 70 millones eran para hospitales, equipo y medicamentos, han sido congeladas por la Fiscalía Anticorrupción del Estado. Entre los 13 proveedores detectados por la ASE, Riviera Álamo, cuya propiedad se atribuyó a la entonces secretaria de Infraestructura, María Esther Monsiváis, obtuvo contratos por decenas de millones de pesos. La empresa “tiene como dueños a dos prestanombres de la funcionaria: Valentín Moreno González y José Santos Javier Garza”, reveló Reforma el 7 de noviembre de 2016. El caso sigue impune. Rubén Moreira es por segunda vez candidato del PRI a diputado federal, sin importar su historial.

Moreira necesita fuero hoy más que nunca, pero podría perderlo si el Presidente cumple su palabra de denunciarlo ante la Fiscalía General de la República. El caso de los viáticos, aunque los 30 millones de pesos no procedieron del erario, es apenas la punta de la madeja. En la lucha contra la corrupción, AMLO sigue en deuda con Coahuila, tierra de Madero, uno de los guías de la 4T.