Voy a relatar un laberinto judicial que, como caso paradigmático, sirve de radiografía del sistema mexicano en su conjunto.

La historia comienza así: el 22 de octubre de 2012 la Procuraduría General de la República, cuya titular era entonces Marisela Morales Ibáñez, a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales extendió un documento de no ejercicio de la acción penal (autorizada “en definitiva”) a favor del exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, su esposa y su suegro, por los delitos de enriquecimiento ilícito cometido en agravio de la Administración pública, y operaciones con recursos de procedencia ilícita, derivada del expediente AP/PGR/UEIDCSPCAJ/FECCSPF/M-II/267/2012.

Lo anterior, es conocido, entre otras circunstancias, gracias al affair entre Andrés Manuel López Obrador y Felipe Calderón Hinojosa (el último episodio del 24 de septiembre de 2019), donde acusa el Presidente al expresidente de exonerar durante su gestión al exmandatario estatal.

Pero no se trata del único expediente que pone a Moreira en la mira judicial. Entonces la PGR investigaba (suponiendo sin conceder que sí lo hacía) dos causas. Una de ellas, como se ha dicho ya, fue desechada. Sin embargo hay otra, no menos importante, que ingresó como denuncia en 2011 contra el también exalcalde de Saltillo cuando era presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI.

Y aquí es donde el asunto se vuelve kafkiano. Dicha averiguación previa, identificada en el expediente AP/PGR/UEIDCSPCAJ/FECCSPF/M-II/184/2011, se mantuvo (congelada) hasta el 15 de julio de 2015 en dicha dependencia según la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia, en su oficio FGR/UTAG/DG/007235/2019. Es decir, durante la primera mitad del sexenio encabezado por Enrique Peña Nieto.

En esa fecha fue “remitida por incompetencia” a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila, cuyo titular era entonces Homero Ramos Gloria, exsecretario de Gobierno con Humberto Moreira y hoy magistrado del Poder Judicial del Estado en la Sala Penal. Reitero ese detalle que cierra la pinza: actualmente magistrado de la Sala Colegiada Penal, misma que preside Juan José Yáñez Arreola, exdirector Administrativo en el Ayuntamiento de Saltillo, también con Humberto Moreira.

Y aquí es donde ya entramos directamente a la dimensión desconocida. Una vez que la Procuraduría tuvo en su poder la referida averiguación previa, ahí la conservó durante cuatro años, fría y bien guardadita, donde se convirtió en el expediente número D.G.A.P. 002/2013, como consta en el libro de registro, de acuerdo con el oficio FGE-UT/399/2020 dirigido a quien esto escribe, con fecha 4 de marzo de 2020.

Y aquí no acaba el tema. La Dirección General de Unidades de Investigación de la hoy Fiscalía General del Estado, informa que desde agosto de 2019, el expediente se trasladó al Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Tradicional, en el Distrito Judicial de Saltillo. Ahí se ubica desde hace seis meses (vigente, sí, aunque mientras esté en trámite se le considera “información reservada”).

Entonces el círculo se cierra pues el documento podría terminar otra vez en manos conocidas: los magistrados Homero Ramos Gloria y Juan José Yáñez Arreola. Una “casualidad”, naturalmente.

Ahora bien, qué implica su procesamiento en el Sistema Tradicional y no en el Nuevo Sistema de Justicia Penal. Muy fácil. Que ahí puede permanecer durante otra larga temporada y no habrá fuerza o poder humano que lo saque de la congeladora pese a que vivimos en un presunto estado de derecho. Salvo la presión social, por supuesto. En el Nuevo Sistema, en cambio, sí tendría consecuencias inmediatas, pero como el caso es antiguo se le aplican –muy convenientemente para su causa, por cierto– las viejas reglas.

Cortita y al pie

En resumen: el asunto rebota de un escritorio a otro y así van pasando los años. Y ya va para la década en una realidad alterna; en un universo paralelo. Un ping-pong entre los ministerios públicos y el Poder Judicial. Pelotean, se pasan la bolita de un lado a otro de la cancha, pero nadie se decide a terminar el juego. Ping-pong. Ping-pong. Ping-pong.

La última y nos vamos

No hay lugar a dudas: desde 2011 Humberto Moreira está en la red. Pero más que una red de captura pareciera una red de protección, de aquellas que se extienden y tensan para que caiga en blandito como los trapecistas, y no pase a otras redes, de otras jurisdicciones, estas sí de pesca, donde no se le podría tener a salvo.
¿Quién y por qué lo querría tener a salvo?, es la pregunta.