Como lo mencioné en la primera parte de esta entrega, el pasado 15 de junio el Presidente anunció su intención de promover una iniciativa de reforma constitucional que busca, principalmente, la disminución de los costos en las elecciones. Así pues, y como puntos adicionales, en la propuesta se incluirá la eliminación de la representación proporcional en las cámaras del Congreso de la Unión y la reducción de magistrados y consejeros de los órganos electorales dedicados a la preparación y calificación legal de los procesos eleccionarios en nuestro país.

Como punto importante para los coahuilenses, en la citada propuesta de reforma electoral presidencial, se contemplará la eliminación de los Organismos Públicos Electorales Locales, conocidos como OPLE, lo que en Coahuila es el Instituto Electoral de Coahuila; así como la eliminación de los tribunales electorales locales, lo que acabaría con el Tribunal Electoral de nuestro estado, para trasladar esas funciones directamente al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

La propuesta de eliminar a estos órganos electorales coahuilenses se encuentra fundada en la onerosa funcionalidad de ambas instituciones. Lo anterior dado que, en el caso del IEC, en los dos últimos años se gastaron cantidades que van desde los 374 millones 835 mil 749 pesos, en el 2018; y 260 millones 355 mil 403 pesos, en el 2019, solo en gastos operativos, es decir, sin incluir en él a los partidos políticos; mientras que el Tribunal Electoral de Coahuila se gastó, en esos 2 años, un total de 57 millones 787mil 997 pesos con 40 centavos, lo que sin duda debe considerarse excesivo.

Para el Presidente y sus legisladores, la eliminación de los institutos electorales locales como el IEC, representará un ahorro para el país de entre 7 mil y 9 mil millones de pesos en un año sin proceso electoral; y con proceso, un ahorro de casi 5 mil millones de pesos, lo que hace en verdad atractiva esta posible reforma, y más aún, cuando los mismos opositores solo vierten como contraargumento que, desaparecer a estos Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) no generaría tal ahorro, ya que por su ausencia se deberá acrecentar el personal del INE, lo que en términos reales no deja de ser viable, ya que aun así significa un ahorro, y no se pone en riesgo la democracia.

La realidad de las cosas es que, ciertamente, como lo aseguran los ponentes de esta reforma, en el caso de Coahuila, el Instituto Electoral local, en tiempos de elecciones, sin duda desquita a cabalidad el presupuesto que se le asigna, sin embargo, el gasto que el mismo instituto eroga en años sin elecciones por nada debe considerarse justo o razonable, ya que un organismo que se dedica eminentemente a preparar y organizar elecciones nada tiene que hacer y en nada tiene que gastar en años no comiciales.

Así pues, para quien esto escribe, la propuesta del Presidente es bastante viable, mayormente cuando vemos que lo que el Mandatario pretende es que la estructura del INE solo crezca en años electorales, y se mantenga abajo cuando no haya comicios, lo que sin duda abarataría los costos. Aunque cada estado tendrá que ser visto como caso específico.

Hasta aquí, todo parece bien, sin embargo, lo que quizá no ha pensado el Presidente, es que en Coahuila el verdadero problema es… continuará.