Tal parece que ha llegado el momento en que las amenazas que Andrés Manuel López Obrador ha lanzado contra los órganos electorales, desde su primera participación como candidato a la presidencia, comiencen a materializarse. Lo anterior, dado que a partir del próximo 1 de septiembre, fecha en que entrará en funciones la LXV Legislatura, la reforma político-electoral será uno de los puntos más relevantes de la nueva agenda legislativa.

Es de recordar que el pasado 15 de junio, el Presidente anunció que presentaría una iniciativa de reforma constitucional, que asegure la independencia de las autoridades electorales frente a los grupos de interés, así como, que logré disminuir el costo de las elecciones.

En dicho anuncio el Mandatario también adelantó que en la propuesta incluirá la eliminación de la representación proporcional en las cámaras del Congreso de la Unión. En ese contexto, la semana pasada se filtró una parte de una iniciativa con proyecto de decreto, por medio de la cual se busca reformar y adicionar diversos artículos de la Constitución de México en materia político-electoral, misma que impulsará el senador Ricardo Monreal, del grupo parlamentario de Morena, y que precisamente contiene aspectos parecidos ya anunciados por el Presidente.

En la citada iniciativa, se contemplan propuestas bastante radicales como la eliminación de los Organismos Públicos Electorales Locales, conocidos como OPLE, lo que en Coahuila representa el Instituto Electoral de Coahuila, y de los tribunales electorales locales, como el Tribunal electoral de nuestro estado. Además de que, efectivamente, se propone la exclusión de los senadores plurinominales, la reducción a 100 en número, de diputaciones de representación proporcional, e incluso la eliminación de consejerías en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, y de magistraturas en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, entre otras extremas propuestas.

En la exposición de motivos, en el tema de la eliminación de los OPLE, la propuesta asegura que estos institutos electorales locales se han convertido en los aparatos más costosos del mundo, lo que agravia el principio de austeridad republicana de la 4T, por lo que en consecuencia, deberán eliminarse si se quiere optimizar el gasto público, y reducir los costos de las elecciones, pero sin perder la eficacia.

Como prueba de lo anterior, en el caso de Coahuila, en la propuesta de reforma se señala que el Instituto Electoral coahuilense ha costado al erario público, en los dos últimos años, cantidades que van desde los 374 millones 835 mil 749 pesos en el 2018, y 260 millones 355 mil 403 pesos en el 2019. Lo anterior, sin contar el dinero que dio a los partidos políticos. Es decir, estos fueron solo de gastos operativos del citado instituto, lo que sin duda es por demás excesivo.

De igual forma, en el proyecto se contempla que en Coahuila, el Tribunal electoral local, se gastó en esos años un total de 57 millones 787 mil 997.40 pesos en “Gasto en Justicia Electoral”, lo que para el ponente, y sin duda, para la ciudadanía, es inconcebible.

Así pues, es evidente que la propuesta en sí no parece descabellada, ya que las evidencias la hacen un tanto indiscutible. Sin embargo, lo que no contempla la citada iniciativa es que, en Coahuila… continuará.