Aunque para críticos de la cuarta transformación –como Jorge Volpi, Juan Villoro, Denise Dresser, entre otros– la llamada Revolución de las Conciencias no pasa de ser una frase mercadológica, diseñada para ganar votos y dirigida a electores cansados de las tropelías de los partidos políticos tradicionales, dichos autores sostienen que se trata de sectores carentes de recursos críticos suficientes para evaluar con rigor los programas de la autodenominada “esperanza de México”, y por ello susceptibles de responder con lealtades políticas a cambio de propuestas percibidas como novedosas.

Sin embargo, para otro sector de la población, de orientación liberal y reformista, la Revolución de las Conciencias constituye el sustento ideológico de una transformación socioeconómica que aspira a modificar no sólo las estructuras institucionales, sino también los valores y prácticas heredadas del régimen anterior.

La expresión Revolución de las Conciencias, aunque a veces se asocia simbólicamente con el impacto del levantamiento zapatista de 1994 en Chiapas –por su capacidad para detonar una reflexión colectiva sobre el neoliberalismo, los pueblos originarios y la democracia– no fue acuñada de manera literal por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Más bien, el concepto condensa influencias del pensamiento marxista y del pensamiento crítico latinoamericano, adaptadas al contexto indígena y regional, con un énfasis en el cambio cultural y ético por encima de la transformación armada o violenta.

¿La teoría económica Como dogma de fe?

Los secretarios de Hacienda del Gobierno federal durante el periodo neoliberal (1982–2018) fueron 12 personas distintas, aunque uno de ellos ocupó la misma cartera en dos sexenios.

Siete de ellos cursaron estudios de posgrado en universidades extranjeras, principalmente en Estados Unidos y el Reino Unido, lo cual influyó de manera notable en la formulación y continuidad de las políticas económicas aplicadas en México a lo largo de más de tres décadas y media.

El modelo económico dominante durante ese periodo se centró en el control de la inflación y en el fomento de las exportaciones no petroleras, particularmente de los sectores agropecuario e industrial.

Bajo este enfoque, se asumió –casi como un acto de fe– que el único camino para contener la inflación consistía en mantener estancados los salarios reales, al menos en el mediano plazo.

Asimismo, se adoptó de forma casi dogmática el principio de la ventaja comparativa, según el cual México debía importar aquellos bienes cuyos costos de producción internos resultaran más elevados.

En su aplicación práctica, esta visión llegó a ser más fundamentalista que las formulaciones originales de los propios autores clásicos en los que decía inspirarse –David Ricardo en materia de comercio internacional y Milton Friedman en política monetaria– reduciendo modelos teóricos complejos a recetas rígidas, poco sensibles a las condiciones sociales, laborales y distributivas del país.

Salarios y precios

El primer sacudimiento de conciencia entre los tomadores de decisiones se produjo en el ámbito de quienes formulan la política económica del país, cuando a partir de 2019 se decidió desafiar uno de los postulados más repetidos en los manuales de economía ortodoxa: que el aumento de los salarios mínimos debe ser igual o menor al índice inflacionario anual, pues de lo contrario –según este “axioma– se “atizaría” un incremento acelerado del nivel general de precios. Contra ese supuesto, la experiencia reciente mostró un resultado distinto. La inflación acumulada entre mayo de 2019 y mayo de 2024 se ubicó en alrededor de 30%, mientras que el salario mínimo registró un incremento cercano al 87% en términos reales durante el mismo periodo.

Este comportamiento contradijo la idea de una relación mecánica entre aumentos salariales y espirales inflacionarias, y puso en entredicho la aplicación dogmática de modelos teóricos que, durante décadas, habían condicionado la política salarial en México. (Fuente: Inegi; Conasami / estimaciones oficiales de salario real).

Apreciación del peso frente al dólar: 2019–2024

Durante el periodo 2019–2024 se volvió a poner en tensión uno de los pilares del monetarismo, corriente que desde 1982 se consolidó como fundamento casi indiscutible de la política monetaria en México.

De acuerdo con sus postulados –difundidos ampliamente a partir del llamado Consenso de Washington– incrementos reales “desproporcionados” del salario mínimo generan presiones inflacionarias y provocan la depreciación de la moneda, mientras que la estabilidad cambiaria depende, fundamentalmente, del crecimiento de las exportaciones y de la atracción de capital externo.

La experiencia reciente contradijo parcialmente esa narrativa. En 2019, el precio promedio del dólar frente al peso se ubicó en 19.25 pesos; para 2024, el promedio anual fue cercano a 18.36 pesos por dólar.

Esto implica una apreciación aproximada del 4% del peso frente a la divisa estadunidense en ese periodo. Este comportamiento cambiario se produjo en un contexto particularmente llamativo: el salario mínimo aumentó alrededor de 85% en términos reales, mientras que la inflación promedio anual se mantuvo contenida, con registros que, hacia el cierre del periodo, se ubicaron por debajo del 4.5%, una vez superado el choque inflacionario global derivado de la pandemia y de la guerra en Europa del Este.

El modelo que permitió este resultado difícilmente aparece descrito de forma explícita en los manuales de economía de procedencia estadunidense. Se trató de un paradigma sui generis, que combinó elementos centrales de la macroeconomía convencional –disciplina fiscal, autonomía del banco central, tasas de interés reales positivas y acumulación de reservas internacionales– con una política salarial deliberadamente desvinculada de las tradicionales “anclas” inflacionarias.