Solo el proyecto de obra pública para la Región Sureste de Coahuila etiquetado por el Gobierno federal en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2022, por tanto lo único que ejecutará formalmente: la ampliación de la carretera Saltillo-Zacatecas, estimada en 100 millones de pesos, inició con el sello de la autodenominada cuarta transformación: en la incertidumbre, desaseado y sobre las rodillas.

Primero, lo obvio: la incompetencia o la corrupción en un asunto trascendental como la ampliación de dos a cuatro carriles de la vía, en el peligroso trayecto Derramadero-La Encantada, es criminal. Particularmente por la cantidad de accidentes vehiculares que ahí ocurren actualmente debido a lo estrecho de la carpeta de rodamiento, y por la ingente cifra de vehículos que diariamente circulan por ahí; alrededor de 20 mil trabajadores y una descomunal cantidad de camiones de transporte de personal.

Se trata de 100 millones de pesos a invertir para 10 kilómetros y medio, en el tramo 333+000 al 343+500. A un costo de 9 millones 523 mil 809 pesos el kilómetro, en promedio, o 9 mil 523 pesos el metro lineal. No son bastantes, cabe señalar, sino una primer asignación formal.

Y el tema de fondo es muy simple: la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Delegación Coahuila, echó mano de una “empresa” cuya operación se pone en duda para cumplir con requisitos que se abordan como si fuesen obstáculos, en este caso, ordenados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a través de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental. Lo anterior representa una manifiesta incapacidad para gestionar, articular intereses, resarcir, convencer, hacer que las cosas sucedan, en términos generales; gobernar, básicamente.

Pero las formas no significan un hecho aislado, sino un denominador común. El 30 de agosto se publicó en este mismo espacio que el proyecto insignia del Gobierno federal para Coahuila, Agua Saludable para La Laguna, requería la contratación de un “estudio de diagnóstico, análisis de alternativas e ingeniería básica del proyecto y anteproyecto; estudio de factibilidad económica análisis (costo-beneficio); y estudio de factibilidad ambiental”, mismo que fue adjudicado de forma directa en 30.4 millones de pesos pese a que ya existía información al respecto, elaborada por Semarnat y Conagua, y solo era necesario copiarla. Dicho de otra forma: desviaron esos recursos.

Pues ahora, el 21 de octubre de 2020, el Centro SCT Coahuila falló a favor de la sociedad mercantil Consultoría, Gestión y Planificación Ambiental, S.A. de C.V., para que realizara la Implementación de Términos y Condicionantes de la Manifestación de Impacto Ambiental para la Modernización y Construcción de un Cuerpo Nuevo de la Carretera Zacatecas-Saltillo, Tramo Derramadero-La Encantada, por 3 millones 48 mil 748 pesos. Trabajos que presuntamente realizarían del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2020.

Entonces fungió como responsable del proceso, Eduardo Dueñas López, subdirector de Obras, en representación de Fidencio Elpidio Valdez Torres, director general del Centro SCT Coahuila, posteriormente depuesto.

En 2021, ya con Juan Pablo Martín del Campo Martínez en el cargo, el Centro SCT Coahuila falló el 31 de agosto a favor de la misma persona moral, Consultoría, Gestión y Planificación Ambiental, S.A. de C.V., para un Estudio Técnico Justificativo para la Modernización y Construcción de un Cuerpo Nuevo de la Carretera Zacatecas-Saltillo, Tramo Derramadero-La Encantada, esta vez por 997 mil 600 pesos. Labor a realizar presuntamente del 6 de septiembre al 6 de noviembre del presente año.

El proveedor favorecido, sin embargo, es una empresa constituida en la Notaría Pública 10 de Tlaquepaque, Jalisco, el 1 de diciembre de 2014, y tiene por socias a María de Jesús Raygoza Gutiérrez y Martha Elena Ulloa Gómez, al 50% de las acciones cada una. La primera con domicilio en Tlaquepaque, y la segunda en Zapopan. Ninguna de las dos, de 42 y 70 años respectivamente, posee experiencia en la materia para la que fueron contratadas por el Centro SCT Coahuila.

Cortita y al pie

Contrario a lo que aquí se ha señalado: no hay transformación sino continuidad, ya que las inercias mandan en Coahuila y facturan las mismas constructoras de siempre, independientemente del partido en el poder federal (Zócalo, 23/02/20 y 13/12/20).

En el caso que nos ocupa, el Centro SCT se ha decantado por una razón social sin antecedentes de contratación en la Administración pública, en sus tres ámbitos de Gobierno. Salvo por los contratos de Coahuila, y uno más, reciente, en Tabasco. También con la SCT.

La última y nos vamos

¿Cuál es la seriedad del proceso entonces? ¿Qué resultados técnicos presentarán para iniciar la obra? (en el supuesto de que sí inicien, dicho sea de paso).

Cualesquiera, por supuesto, pues hasta para simular son torpes. El problema es que la negligencia mata y no en pocas ocasiones lo hemos comprobado.