Merced al incendio forestal de proporciones dantescas en la sierra de Arteaga, que a punto está de cumplir 15 días activo, los ojos de México se centraron en el pueblo mágico y el dedo flamígero de la autoridad ministerial estatal, por su parte, señaló ya responsables del desastre natural inminente y su posterior emergencia: paseantes neoleoneses, no residentes.

Ese descargo público de responsabilidad hacia los nativos y aversión por los foráneos no se materializa, sin embargo, en los negocios que ahí mismo se desarrollan con la venia del municipio a favor –irónicamente– de neoleoneses y “forasteros”. Me explico.

El meollo está una vez más en las licencias de uso de suelo, como se ha publicado aquí en diferentes ocasiones. Tan solo en 2018 fueron expedidas 191, y 223 más en 2019. Hasta aquí pareciera no existir inconveniente, de no ser porque algunas de ellas implican impacto ambiental. Así por ejemplo el 16 de julio de 2018 se expidieron tres licencias de uso de suelo con sendas finalidades: extraer material pétreo en 405 hectáreas de superficie (133+129+143) en la sierra de Arteaga.

Un día después, el 17 de julio de 2018, fueron expedidas un par de autorizaciones a Inmobiliaria Meseta El Fraile, S.A. de C.V., de Monterrey, Nuevo León (propiedad de Rogelio César López Rosales, Genaro Arreola Sánchez y Jesús Rogelio López Cantú), para la construcción de fraccionamientos campestres pese a que las solicitudes habían sido ingresadas solo 24 horas antes. Entre ambas licencias, para dimensionar, suman 13 hectáreas.

A su vez, el 5 de septiembre les fueron autorizadas a la misma razón social tres licencias más, por 79 mil 293 metros cuadrados, 57 mil 532, y 62 mil 517 metros cuadrados
respectivamente.

Pero ahí no acaba el asunto. El 30 de noviembre, mismo día en que se presentó el trámite, les fue validado mediante un uso “agrícola”, fraccionar otros 247 mil 148 metros cuadrados de terreno. Así, en total, Inmobiliaria Meseta El Fraile, S.A. de C.V., obtuvo 630 mil 420 metros cuadrados de autorización de suelo “agrícola”, que curiosamente se puede destinar a vivienda exclusiva, lo cual significa una plusvalía importante de la noche a la mañana.

Y aquí viene lo interesante, un caso que llegó al Tribunal Unitario Agrario para el Distrito 20, en Monterrey. Valiéndose de la Policía Municipal, el Ayuntamiento de Arteaga encabezado por el priista Everardo Durán Flores, presiona desde 2018 a los ejidatarios de Jamé, en la sierra del pueblo mágico, para que firmen un convenio y accedan a que un grupo de posesionarios liderados por Eduardo Vázquez Arroyo Carstens, accionista de la empresa GTM (Grupo de Telecomunicaciones Mexicanas), filial de la española Telefónica Movistar, ocupen 600 hectáreas de terreno ejidal –con 13 manantiales de agua incluidos– que posteriormente sería fraccionado gracias a la intervención de Desarrollo Urbano y Catastro, a cargo de Alfonso Treviño desde 2014, con el modus operandi de otros desarrollos inmobiliarios como Terra Serena, expuesto con anterioridad en este mismo espacio.

Cortita y al pie
Aunque la población de la sierra ha existido por centurias, el interés de aprovechamiento apenas rebasa una década. En 2009, por decreto que sustituyó a otro publicado en 1943, se consideró del dominio privado del Municipio de Arteaga la localidad San Antonio de las Alazanas, y posteriormente se autorizó al propio Ayuntamiento a “formalizar y actualizar legalmente”, a título gratuito los lotes de terreno “a favor de quienes corresponda”, so pretexto de regularizar la tenencia de la tierra.

Así, de un plumazo sin precedentes, cambió la escrituración y el registro pues cualquier persona pudo reclamar derechos de posesión y propiedad sobre solares y lotes. El 12 de mayo se votó en el Congreso y el 29 del mismo mes fue publicado en el Periódico Oficial. Fast track. En 2016 ocurrió algo similar en la localidad Huachichil, donde fueron repartidas 34 hectáreas vía decreto.

La última y nos vamos
La transformación del ecosistema puede ocurrir gracias a siniestros como el que todavía se ceba en La Pinalosa, aunque también a la depredación tolerada que sucede al cambiar la vocación natural de la sierra, de sembradío y producción agrícola, por la vivienda residencial. Aunque ahí está el negocio, naturalmente. En la gentrificación no urbana que, para efectos prácticos y en el caso que nos ocupa, no es otra cosa que descubrimiento de zonas con potencial aparentemente depreciadas en su valor, el desplazamiento de sus pobladores originarios, y la ocupación de las mismas por un estrato superior. Con ayuda oficial, por supuesto.