La reforma laboral recién aprobada en materia de justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva tiene dos grandes objetivos. El primero es promover la transparencia y democracia sindical para lograr que los trabajadores estén efectivamente representados. El segundo es implantar un proceso verdaderamente ágil, confiable y justo para resolver los conflictos laborales, ahora en el Poder Judicial, es decir, eliminando las juntas de conciliación y arbitraje. Además esta reforma potencia aún más la conciliación entre las partes en una etapa prejudicial, esto desde el Poder Ejecutivo.

Lo anterior viene al caso dado que fue hasta el pasado 22 de noviembre cuando la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, después de por lo menos tres meses de retraso y gracias a que obligadamente debía presentarse en San Juan de Sabinas a supervisar los trabajos del rescate de cuerpos en la mina Pasta de Conchos, por fin se dio tiempo para reunirse con las autoridades coahuilenses para instalar, por fin, el Consejo Institucional para la Implementación de la Reforma Laboral en el Estado de Coahuila.

Y digo con tres meses de retraso dado que, según el calendario para la implementación de esta reforma, este Consejo, que tendrá por objeto establecer la política y la coordinación necesarias para efectuar el Sistema de Justicia Laboral, debía estar en funciones desde el pasado mes de agosto por lo menos, dado que desde esa fecha debió recibir de las juntas de conciliación y arbitraje un programa de trabajo para la conclusión de los asuntos que se encuentran en trámite, lo cual no ha sucedido.

Además, la urgencia para la creación de este consejo de coordinación se funda principalmente en el hecho de que será el único capaz de emitir acuerdos, lineamientos, normas y procedimientos necesarios de carácter vinculatorio para el debido cumplimiento de su objeto, lo que hasta el día de hoy brilla por su ausencia.

Ahora bien, no debemos pasar por alto que, si bien es cierto que la reforma contempla un periodo de implementación de cuatro años para que entren en funciones los nuevos tribunales laborales y para que el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral inicie sus funciones de conciliación, también lo es que este centro en un tiempo no mayor a dos años a partir de la expedición de la ley, deberá iniciar con el registro de los contratos colectivos, tiempo del que ya casi se ha consumido la mitad, lo que obliga a la autoridad laboral a realizar acciones concretas urgentes que a la fecha no se ven por ningún lado.

Es evidente que los gobernantes han olvidado nuevamente que el éxito de toda reforma dependerá de la calidad y eficacia en su implementación, y es que lo mismo pasó con la ley laboral vigente, antes de esta última reforma, en la cual se estableció que una demanda por despido injustificado no debía tomar más de 105 días en resolverse, lo que jamás sucedió y solo sirvió para arrancar las carcajadas del personal de las juntas de conciliación, el cual, por desgracia, se ha acostumbrado a laborar con una carga impresionante de trabajo que les obliga a prolongar los juicios por años. Es decir, los problemas de justicia laboral no son siempre culpa de una precaria legislación, sino más bien ocurren porque las autoridades pocas veces toman con seriedad la aplicación estricta de la ley.