Campeche.- Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que en 2020 ese organismo presentó 130 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR), 31 de las cuales tienen que ver con asuntos de corrupción.

En entrevista telefónica que, durante su visita a Campeche, el viernes 26 de febrero, concedió al programa Fuertes Declaraciones que conduce Joaquín Repetto en la televisora local Telesur, el funcionario consideró que el expediente del gobernador de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca, es sólido. 

Cabeza de Vaca afronta un proceso de desafuero para responder por las imputaciones que la Fiscalía General de la República (FGR) le formuló por los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.

Nieto Castillo comentó que respecto a ese caso que la UIF trabaja de manera conjunta con la FGR, la Fiscalía Anticorrupción y la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) y “hemos tenido datos importantes de las autoridades norteamericanas”.

“Inclusive, ya hablamos de una cantidad importante de inmuebles en Estados Unidos pertenecientes a la familia del actual gobernador de Tamaulipas”, añadió.

“El presidente (Andrés Manuel López Obrador) fue muy claro conmigo: que si había algún tipo de irregularidad no debíamos ser omisos y que se presentara la información y las denuncias en su caso ante FGR. Hay que recordar que la Fiscalía es un órgano autónomo y ella decidió solicitar la declaración de procedencia ante el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados”, expuso.

Explicó que, si el desafuero se aprueba, el mandatario tamaulipeco podría ser procesado por los delitos de naturaleza federal, pero en el caso de los del fuero común, “evidentemente prevalece el fuero o la inmunidad constitucional local y tendría que irse al Congreso de Tamaulipas para que en su caso determinara si procede o no” su desafuero para ser juzgado en ese ámbito.

Confió en que los congresos actúen en forma autónoma y valoren las pruebas aportadas e integradas en las carpetas de investigación por la PGR, la Seido, la Fiscalía Anticorrupción y la UIF, para no dejar ningún espacio a la impunidad.

En ese sentido señaló que el combate a la corrupción se puede hacer desde muchos frentes, “desde el SAT (Sistema de Administración Tributaria), obligando a que los corruptos paguen los impuestos que deben; la UIF, congeniando cuentas; la Secretaría de la Función Pública (SFP), inhabilitando funcionarios que han incurrido en corrupción…”.

Pero, resaltó, “el tema central tiene que ver con el combate a la impunidad y eso solo se logra cuando los responsables son llevados ante los tribunales, y eso en nuestro sistema constitucional es una atribución que tienen órganos autónomos como la FGR y las fiscalías locales”.

Así mismo, abordó el tema de la mafia rumana, en torno al cual el pasado 4 de febrero la UIF congeló cuentas de empresarios, rumanos y mexicanos, y políticos presuntamente vinculados a ella, entre ellos varios de Quintana Roo. 

Al respecto, Nieto explicó que la mafia rumana “es un grupo de personas de nacionalidad rumana, pero también mexicana, que fueron denunciadas en diferentes países, particularmente en Canadá y en Estados Unidos, y en menor medida en México”.

“Se trataba básicamente de turistas nacionales y extranjeros que llegaban a México y en los cajeros de las zonas turísticas, primero de Cancún, luego del resto de la Riviera Maya, y después en la Riviera Nayarita, Los Cabos, y Acapulco, y se les clonaban las tarjetas de crédito o débito, les aplicaban cargos en diversos lugares”, añadió.

Expuso que esa situación, motivó un trabajo conjunto entre el FBI (la Agencia Federal de Investigación estadunidense, por sus siglas en inglés), la UIF, la FGR y la Fiscalía Anticorrupción “y se presentó la denuncia y se hizo un congelamiento de cuentas global de las personas que se encontró que estaban relacionadas”.

Reveló que en relación a este caso “ahora hay 12 personas físicas y morales mexicanas y rumanas que han solicitado ante la UIF una garantía de audiencia, es decir, comparecer y presentar pruebas de descargo”, y recordó que el presidente López Obrador instruyó que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana recibiera “al señor Tudor, que tendrá su garantía de audiencia en México en la UIF los primeros días de marzo”.

Florence Tudor es un empresario de origen rumano radicado en Quintana Roo. A él se señala como presunto líder de la mafia rumana.