Ayer compareció Rubén Rocha Moya, el Gobernador con licencia de Sinaloa, para una “entrevista” con una agente del Ministerio Público federal en la sede de la FGR en Culiacán. Sólo nos enteramos después del hecho. Fue cuidadosa la Fiscalía para que los medios no se enteraran antes.

Hoy está programada la comparecencia de la Gobernadora de Chihuahua María Eugenia Campos. Las circunstancias, sin embargo, son muy distintas. A la Gobernadora se le entregó el citatorio en público y todo el mundo se enteró de cuándo y dónde tendría lugar. No se trata, además, de una simple entrevista, sino de una declaración en calidad de testigo.

A Rocha Moya se le citó en Culiacán, la ciudad donde reside. A Campos Galván la FGR la pudo haber citado en la Ciudad de México, donde se está manejando la investigación por una supuesta participación de cuatro agentes estadunidenses de la CIA en un operativo para desmantelar un narcolaboratorio, o en Chihuahua, donde ella vive. Pero no, la Fiscalía escogió citarla en Ciudad Juárez, municipio fronterizo gobernado por Morena.

La Gobernadora no tiene obligación legal de comparecer en persona. Su fuero constitucional la protege, pero ella ha preferido presentarse. Es una forma de decir que no tiene miedo. Ha sido citada como testigo, pero se le ha pedido que lleve a un abogado.

Esto quiere decir que la FGR puede querer cambiar su situación a imputada. Una testigo no sólo no requiere un abogado, sino que se impide la presencia del abogado en la diligencia. Para una imputada, la situación es la contraria: debe tener a un abogado que la auxilie.

¿Puede la Fiscalía cambiar la calidad de la compareciente de testigo a imputada? Sí, pero la Gobernadora no puede ser detenida o procesada si no se le somete antes a un juicio de procedencia.

Roberto Gil Zuarth, abogado de Maru, ha señalado que la FGR citó a la Gobernadora a declarar en calidad de testigo, pero el citatorio utiliza argumentos legales que buscarían sustentar una imputación.

La investigación contra Campos la está llevando a cabo alguien que difícilmente puede ser imparcial. Se trata de Ulises Lara, fiscal especial en Investigación de Asuntos Relevantes, expareja de Lenia Batres, la “ministra del pueblo”, y activista de Morena.

Es el funcionario que obtuvo un título exprés como abogado para asumir la responsabilidad de fiscal de la Ciudad de México cuando la también morenista Ernestina Godoy dejó el cargo.

Como fiscal capitalino, “rescató” a Javier Corral, exgobernador de Chihuahua, enemigo jurado de Maru, cuando elementos de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua trataron de detenerlo en la CDMX por presuntos actos de corrupción. Lara ha mostrado más interés en servir los propósitos políticos de Morena que en procurar justicia.

El caso contra Maru Campos se ha convertido en un intento por tapar las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Rocha Moya y los otros nueve políticos sinaloenses de Morena.

Es verdad que hubo cuatro agentes de la CIA en un operativo contra el narco en la sierra Tarahumara de Chihuahua, el 19 de abril de este 2026, pero el propio Ejército ha señalado que no participaron en las juntas de preparación ni en el operativo.

Su labor, en todo caso, fue de observación. Sin embargo, todo el aparato de propaganda de Morena se ha lanzado contra ella por supuestamente violar la Constitución.

En esta ocasión la actuación de la FGR está siendo observada con lupa. La Fiscalía no se puede dar el lujo de mostrarse favorable a Rocha Moya y hostil a Campos Galván. No sólo los medios y los partidos están revisando su actuación, también el Gobierno de EU.

Pemex

Carlos Slim declaró ayer que “la gran baja en la producción petrolera y la situación de Pemex”, son quizá los problemas más importantes del país. Cierto. En un momento en que las petroleras del mundo ganan mucho dinero, Pemex se ha convertido en un hoyo negro para las finanzas públicas.

X: @SergioSarmiento

www.sergiosarmiento.com