El pasado miércoles la excandidata a diputada local por Morena, Mónica Escalera, desde la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción, en Saltillo, dio indicios de una presunta triangulación de recursos obtenidos de la Presidencia Municipal de Múzquiz por la familia de la Alcaldesa emanada también de Morena, Tania Flores, a través de la razón social Servicios y Minerales Guel, S.A. de C.V.

Si bien la exsocia de la edil (2017-2021) en Minera Flores de la Carbonífera, S.A. de C.V., y exsecretaria del Ayuntamiento (2022) durante su Administración, no menciona detalles del caso vía una transmisión de Facebook donde destapó el tema, el asunto, investigado por quien esto escribe, desemboca en un lugar común: la corrupción.

Spoiler: mediante una cadena de empresas vinculadas entre sí por sus socios, todo inicia en la Tesorería de Múzquiz y en el camino se relaciona con Antonio Flores y su esposa, Paola Marroquín, hermano y cuñada de la Presidenta Municipal respectivamente, acabando en el último eslabón con la madre de ambos: María Elena Guerra Flores, presidenta honoraria del DIF. Así se desarrolla la historia.

En este mismo espacio se publicó los días 27 de noviembre (2022) y 14 de febrero del presente año la investigación acerca de Servicios y Minerales Guel, S.A. de C.V., sociedad mercantil que fue beneficiada con 10 millones 917 mil 452 pesos entre agosto y septiembre de 2022 por adjudicación directa de tres contratos de obra pública, y a su vez propietaria de seis pick up que renta al Municipio como patrullas de policía.

Se informó entonces que la persona moral fue constituida en Sabinas el 14 de septiembre de 2021 y como socios originales figuraban Édgar Ali Hernández Garza, de 30 años, con 90% de las acciones, y Jacqueline Garza Briones, de 23, con el 10% restante.

Curiosamente un mes después de lo divulgado aquí (Un Gobierno Corrupto Hasta las Patrullas), el 15 de marzo, la “empresa” cambió de “dueño” y reemplazó a Jacqueline Garza Briones. Más interesante todavía: en su perfil profesional de LinkedIn, la red social que sirve para compartir experiencia laboral, ella manifiesta trabajar de “auxiliar administrativo” en Minerales Don Chilo, S.A. de C.V., compañía de Antonio Flores Guerra.

Y pese a su exclusión reciente de la sociedad mercantil, fue representante legal y socia mayoritaria de Servicios y Minerales Guel, S.A. de C.V., del 14 de septiembre de 2021 al 23 de marzo de 2023, periodo que abarca la consumación de los contratos cuestionados.

Inclusive el jueves, en un acto reivindicatorio a través del medio donde dirime sus conflictos: Facebook, la Presidenta Municipal de Múzquiz mostró documentos, según ella para desmentir las acusaciones de su exsocia y exsecretaria del Ayuntamiento, Mónica Escalera, aunque consiguió exactamente lo contrario: confirmarlas.

Durante una transmisión en vivo exhibió una supuesta convocatoria de licitación sin sellos y con evidentes errores en fechas y conceptos, identificada con el folio MMC-TMM-001-2022, donde adjudica el municipio finalmente 9 millones 72 mil pesos a Jacqueline Garza Briones como representante de Servicios y Minerales Guel, S.A. de C.V., por “renta de vehículos equipados como patrulla”.

A confesión de parte, relevo de pruebas. Sin embargo ahí no terminan los lazos familiares en el negocio.

El Volcán Consorcio RC, S.A. de C.V., persona moral señalada por Mónica Escalera como receptora de transferencias a partir de Servicios y Minerales Guel, fue creada el 17 de febrero de 2020 con domicilio fiscal en San Juan de Sabinas y un objeto social principal: “explotación y beneficio de carbón mineral”, de acuerdo con su acta constitutiva.

Tres jóvenes menores de 30 años y sin ninguna experiencia como carboneros fueron registrados como “dueños”. Como comisario y órgano de vigilancia de la referida sociedad mercantil se nombró a Yolanda Villarreal González, una vieja conocida que entra a la historia. Pieza principal de la trama.

Ella, de 27 años, es “socia” del 98% y administradora única de Coal de Sabinas, S.A. de C.V., razón social que fue constituida en serie junto a Minerales Amarani, S.A. de C.V., el 12 de diciembre de 2019 a idéntica hora en la misma Notaría 12 de Sabinas.

Curiosamente “Amarani” pertenece a Mariana Paola Marroquín, cuñada de Tania Flores al ser esposa de su hermano Antonio. El 3 de mayo de 2021, para dimensionar hasta qué punto son empresas siamesas, CFE le adjudicó por carbón 240.5 millones de pesos a Amarani, y 274.8 millones a Coal. La otra favorecida, El Volcán, recibió 239 millones días después.

Incluso la Auditoría Superior de la Federación, en su informe identificado con el folio 2021-6-90UIC-19-0061-2022, observó vínculos entre las tres mencionadas y Minerales Don Chilo: “Hay relación y comunicación entre ellas, ya que existe personal que desempeñó distintos cargos (representante legal, administrador único, accionista y comisario), así como de parentesco; asimismo, se identificó lo siguiente: Coal de Sabinas, S.A. de C.V., El Volcán Consorcio RC, S.A. de C.V., y Minerales Amarani S.A. de C.V., cuentan con el mismo domicilio fiscal”.

Ahí no acaba la historia. Yolanda Villarreal González también es socia y administradora única de Inmobiliaria FG de Múzquiz, S.A. de C.V., dedicada a la construcción en general e ingeniería civil, junto a María Elena Guerra Flores, madre de Tania y Antonio. En la compañía su participación accionaria es del 0.4%, contra 99.6% perteneciente a la señora Guerra.

Así se cierra el círculo.

Cortita y al pie

Alguien podría decir en defensa de los Flores Guerra que Múzquiz es un pueblo pequeño y todos ahí se conocen, por tanto pueden llegar a coincidir en algún momento. La teoría de los seis grados de separación, versión ranchera: cualquier persona puede estar conectada con cualquier otra mediante cinco conocidos.

La última y nos vamos

No obstante la realidad es que bien lo dijo la Alcaldesa morenista, Tania Flores, en su video reivindicatorio: “voy a defender a mi familia”.

Y sí, la defiende: vía contratos para sangrar el erario. Tan solo en 2022, su primer año del trienio en el Ayuntamiento, el negocio fue por 20 millones de pesos (10.9 de obras + 9.1 de patrullas), casi 10% del presupuesto anual (el popular ‘diezmo’) estimado en 212 millones de pesos.

“No tengo necesidad (económica)”, afirmó. Qué sería si la tuviera.