@luiscarlosplata
Sin violencia, pero se adelantaron “las guerras del agua”; ésas que inevitablemente iban a llegar tarde o temprano. Ya no es el petróleo el recurso natural más preciado –o no debería serlo en un escenario ideal– sino el agua.
No vaya tan lejos. Este verano en Saltillo la escasez de garrafones en las tiendas de autoservicio, y los regios viajando desesperadamente a la capital de Coahuila para surtirse, recrearon un escenario distópico a 42 grados de temperatura.
De entrada, es preciso hacer algunos planteamientos. ¿El agua en el subsuelo pertenece a un sector determinado, por ejemplo los habitantes no saltillenses de la Región Sureste del estado, como General Cepeda, o es de todos como zona geográfica, o de quien la necesite y pueda alumbrarla, aun cuando se trate de otra circunscripción territorial?
Ahora bien, ¿qué parámetro usar para medir el grado de necesidad? ¿Por qué la de unos puede no ser la de otros pese a que ambos aleguen lo mismo? ¿Quién es el rector?
Como rareza de justicia existe el milenario Tribunal de las Aguas de Valencia. Una vez a la semana se reúnen agricultores en la plaza pública, en el corazón del Centro Histórico de una de las ciudades más vanguardistas de la península ibérica, para deliberar controversias en torno al aprovechamiento que darán a las acequias de riego comunal. Se considera Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
En nuestro contexto Aguas de Saltillo desde el 15 de agosto de 2001 se encarga de administrar como empresa paramunicipal, con el 45% de las acciones como filial de Aguas de Barcelona (hoy grupo Suez), el uso y explotación de la red de agua potable y alcantarillado por un término de 25 años, que vence en 2026 (y que se pretende ampliar hasta 2034).
Y aquí viene lo interesante. ¿Una ocasional mala experiencia como cliente, o un retardo en atender el llamado de los usuarios, puede ser concluyente para tomar una decisión trascendental como ampliar o no el plazo de su participación, y negarla como represalia?
Se trata de una concesión, no de beneficencia pública. Evidentemente tiene que representar un negocio con dividendos para el concesionario, en este caso Aguas de Saltillo, o de lo contrario quién en su sano juicio invertiría en algo que le represente pérdidas a 10 mil kilómetros de distancia.
Es muy folclórico mencionar que “los españoles se roban el agua de Saltillo”. Un discurso vigente desde hace 500 años, por lo demás. Pero repetirlo no te vuelve de izquierda ni mucho menos “progre, buena ondita”. Tampoco woke. Ni siquiera rebelde. Pensar que por ser de otro país hay que poner una resistencia y oposición automática es lo menos progresista del mundo.
Obviamente resulta difícil hacer oídos sordos a la proclama, máxime si cada 15 de septiembre por la madrugada tradicionalmente se grita “Viva México”.
Fuera del eructo chauvinista, el cual invade la mayor parte de la conversación, puestos a entablar un debate serio, no hay mayores argumentos a destacar en contra: luego de 22 años la cobertura es casi total (sólo el 0.85% de las viviendas no cuentan con agua entubada, de acuerdo con el censo 2020 del INEGI), el tandeo no es cruento, y los precios no son desorbitados para el consumidor. Si acaso existe un punto, popular entre los iniciados en el tema (no necesariamente especialistas), críticos minoritarios del modelo actual (aunque no propiamente con honestidad intelectual), quienes a una sola voz difunden que desarrollar el sur de Saltillo, concretamente Derramadero, supondrá la extinción total del Valle. La gota que derrama el vaso, literalmente.
Su teoría se basa en un cálculo aproximado de las reservas, sin datos actualizados en tiempo real, y con estimaciones que dejan mucho que desear como prospectiva. Atrincherados en una defensa soberbia, al mismo tiempo carente de autoestima, en el fondo se reduce a lo mismo: “por qué otros, y además extranjeros, tienen que llegar y decirnos cómo hacer las cosas a nosotros”.
Envueltos en el lábaro patrio, es el equivalente a cuestionar por qué no hay 11 mexicanos buenos entre 130 millones que nos puedan representar dignamente en un Mundial de Fútbol. Y aún así no existen.
Saltillo ya no es el pueblo de adobe, tamales y pan de pulque concentrado en el centro de la ciudad. Es una urbe dispersa, marginal, en constante crecimiento. Los 400 mil habitantes anteriores a la llegada de GM se triplicaron en 40 años. Lógicamente la demanda del servicio de agua potable con ello. No se puede seguir atado a la piedra ni añorando el ayer.
Ahora bien, las ciudades tienen un límite de crecimiento. Barcelona, la sede de los socios, lo tiene topado desde hace décadas, y Saltillo, de acuerdo con el Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024, aumentará al doble la demanda de agua en un plazo de sólo 14-15 años.
Por otro lado un Ayuntamiento para ser eficiente tiene que delegar, no concentrar atribuciones bajo el dogma de la soberanía y autonomía municipal. Principalmente cuando se trata de aspectos técnicos y trascendentales. Entre más alejados de la grilla (exiliarla es sencillamente imposible), mejor.
Otra cosa es la responsabilidad social. Y un radical cambio de hábitos.
Nuevo León marcó la ruta desde 2022. Las imágenes impactantes de una presa paulatinamente desecada obligaron a pensar en el desolador panorama y a iniciar obras hidráulicas. No somos Tabasco (afortunadamente), donde hay tanta que representa un bien de escaso valor, y con sólo abrir y cerrar la llave se soluciona el problema.
El proyecto Cuchillo II es paradigmático: en China extrae, en Juárez potabiliza, y abastece al área metropolitana de Monterrey.
Previamente Jaime Rodríguez Calderón, el exgobernador de la entidad, cuestionado acerca de dónde llevarían el agua, fiel a su estilo campirano, directo, recio, respondió: “de donde haya”.
¿Y Saltillo, qué hará?
Cortita y al pie
Pasamos del calentamiento global a la ebullición mundial. En esa era nos encontramos, como lo anunció la ONU en julio pasado. El planeta ya no se calienta, hierve.
Por consecuencia natural el consumo de agua aumenta y disminuye su disponibilidad. En tanto se valora si puede revertirse la situación, o los fenómenos de la naturaleza nos llevan por otros derroteros, hay que actuar en consecuencia. Aquí. Ahora.
No obstante siempre quedarán los irresponsables, ineptos e improvisados, dispuestos a gritar fuerte para llamar la atención e inflamar el resentimiento social. Luego, cuando por azar o circunstancialmente hayan conseguido romper el status quo de algo, no sabrán qué hacer con el asunto en sus manos –como ha sido plenamente demostrado– y repartirán culpas al pasado, o a enemigos imaginarios.
Esa película ya la vimos muchas veces durante los últimos cinco años. A sus protagonistas los ubica usted portando prendas con emblema guinda. Dicen que son un Movimiento y parece más bien una secta. Se hacen llamar Morena y destruyen todo a su paso. No es mala fe; evidencia sobra. La propia dinámica de renovación periódica del poder les imposibilita luego a reconstruir, no se diga transformar, aún cuando no perdiesen el simbólico bastón de mando en 2024.
La última y nos vamos
Sin capacidad para posicionar temas por sus propios medios en la agenda pública, es previsible que éste del agua el régimen militarista-populista lo use y en el camino intente generar ruido e inquina los próximos días, como es costumbre: basados en sofismas, falacias y falsos dilemas.
Antes de agosto 2024 el Congreso de la Unión deberá emitir una Ley General de Aguas; está obligado por la Suprema Corte, quien así lo determinó en enero de 2022.
Sin embargo la dicotomía en este momento es muy clara: tener agua, o tener ideología (y ni eso, pues la congruencia entre obra y pensamiento no es precisamente lo suyo, se sabe de antemano).
Cambiar Aguas de Saltillo por Agua Chaira no es opción. O sí: la peor de todas.
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