El miércoles pasado, desde Palacio Nacional, la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, exhibió una lista de periodistas, analistas, medios y opositores que, según el Gobierno, integramos un ecosistema de amplificación digital contra la autodenominada Cuarta Transformación. La presentación se apoyó en un monitoreo de siete meses de la conversación pública, realizado con recursos públicos. Mi nombre apareció ahí. No es la primera vez que este movimiento me incluye en una lista, ya había ocurrido en 2021. Pero esta vez la reacción no fue la que quizá esperaba la Consejera Jurídica.

Antes, el listado oficial venía acompañado de linchamiento digital. Lo viví también en 2023, cuando al oficialismo no le gustó mi moderación del debate entre las candidatas a la gubernatura del Estado de México. Esta vez ocurrió lo contrario. He recibido en mis redes un apoyo abrumador, un respaldo ciudadano que no había visto antes.

La consejera negó que se tratara de una lista negra y aseguró que fue un análisis técnico de redes. Si de verdad hubiera sido no habría necesitado exhibir nombres en una pantalla desde la tribuna presidencial. Si el propósito era desenmascarar una red de desinformación, podría haber mostrado los temas que consideraban falsos. Pero no. Lo que hizo Alcalde fue un show para mostrar nombres y, después de darlos, sentenció con un “los tenemos ubicados”. Artículo 19 dijo que señalar voces críticas sin transparentar la metodología ni los criterios es contrario a la libertad de expresión. Y es que un análisis técnico ofrece evidencia, mientras que una lista desde el poder ofrece blancos.

La maquinaria de intimidación sigue ahí, como en el 2021. La diferencia es que ahora la acompaña un enojo ciudadano visible con un Gobierno que, teniendo muchísimo poder, quiere más. Quiere someter también al llamado cuarto poder que ahora incluye redes y el espectro digital.

Morena y sus aliados controlan el Ejecutivo y el Legislativo; la elección judicial reconfiguró las cortes y una reforma constitucional extinguió siete órganos autónomos. Con esa concentración, la pregunta obligada es por qué no se dedican a gobernar bien, para que los votos se ganen con resultados. ¿Por qué abandonaron la promesa de acabar con la corrupción, si alguna vez fue algo más que propaganda? ¿Por qué terminaron pareciéndose a los partidos que expulsaron del poder, aunque en algunos rubros están corregidos y aumentados? ¿Por qué exigen prensa favorable en lugar de gobernar para merecerla? Teniendo todo, ¿qué los detiene?

El oficialismo responde con dos logros. Que entre 2018 y 2024 el salario mínimo recuperó 116% de su poder adquisitivo y, según el Inegi, 13.4 millones de personas salieron de la pobreza. No los minimizo. Son avances reales y hay que reconocerlos. Pero el mismo Inegi muestra que la carencia de acceso a servicios de salud pasó de 20 a 44.5 millones de personas. El rezago educativo afectaba en 2024 a 24 millones, 700 mil más que en 2018. A ello se suman el crecimiento magro y la demolición de instituciones que, siendo imperfectas, eran mejores que lo que la 4T puso en su lugar.

Tanto agravio del Gobierno a los ciudadanos comienza a generar grietas. Por eso, en lugar de ver ataques contra quienes aparecimos en la lista, veo respaldo. La propia presidenta Sheinbaum dijo en 2021 que las listas las hacían el macartismo y el nazismo. Sus palabras regresaron esta semana como búmeran.

No sé en qué se traducirá esto electoralmente el año próximo. Por lo pronto espero que en Palacio Nacional alguien tome nota de que el hartazgo ciudadano es auténtico. Las listas no callan a nadie. Lo que sí hacen es revelar el miedo de quien las elabora.