“Hay días que uno no anda para mamadas y este es uno de ellos”, escribió el martes a las 8:33 de la mañana en su cuenta de Twitter (X, por decreto) el exgobernador de Coahuila, Rubén Moreira Valdez, acompañando al texto una selfie desde su camioneta, geolocalizada en la alcaldía Venustiano Carranza, de la Ciudad de México; él ocupando el asiento del copiloto, con lentes oscuros y chamarra negra; gesto adusto. La versión vernácula de Hombres de Negro.

Ahora bien, más allá de la graciosa publicación que se volvió viral en redes sociales las últimas horas, existe un quitarrisas en el horizonte. Otra vez en el marco de la transición sexenal en el estado.

El próximo 27 de diciembre a las 16:00 horas, es decir, dentro de 20 días, se celebrará en el Centro de Justicia Penal Federal, con residencia en Torreón, una audiencia intermedia para la admisión de pruebas con un personaje vinculado a proceso el 22 de junio de 2022: Ismael Eugenio Ramos Flores. Para mayores señas: tesorero durante la gestión de Moreira II en Coahuila.

La audiencia inicial se desarrolló el pasado 9 de agosto ahí mismo.

Si bien la referida Administración estatal inició el 1 de diciembre de 2011, fue hasta el 20 de febrero de 2014 que tomó posesión del cargo “Lito” Ramos. Y justamente ahí es donde comienzan las irregularidades que documenta la Fiscalía General de la República, mismas que dan pie a la acusación en su contra. ¿Coincidencia?

Se trata de señalamientos por 475 millones de pesos producto de 15 contratos entregados entre enero y mayo de 2016.

Y aquí viene lo interesante: el mecanismo para desaparecerlos.

La ministración del Ramo 23, en específico del fondo Fortalecimiento Financiero (Fortafin), ocurrió en dos emisiones mediante un convenio entre la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda, y la Secretaría de Finanzas del Estado. La primera por 275 millones de pesos, formalizada en enero, y la segunda por 200 millones, firmada en marzo.

Antes de continuar, un paréntesis: quien dispersaba esos recursos, Isaac Gamboa Lozano, colaborador del entonces secretario Luis Videgaray, fue asesinado a sangre fría en extrañas circunstancias el 21 de mayo de 2020, dentro de su residencia en Temixco, Morelos.

Sin embargo, así como llegó ese dinero a las arcas de la entidad fue dispersado en forma prácticamente inmediata. Por adjudicación directa. Para pagar “asesorías para la elaboración de proyectos de carácter reservado”. Ah, órale.

La carpeta de investigación FED/FECC/FECC-COAH/0000087/2019 fue abierta por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, luego de una denuncia de trámite de la Secretaría de la Función Pública.

Pero no fue la única. El 4 de octubre de 2016 se presentó una denuncia en Coahuila por el mismo asunto, “en contra de quien resulte responsable por el delito de simulación de hecho equiparado al fraude, o cualquier otro que pudiera resultar”, la cual conforma la carpeta de investigación DGUI-013/2016. Ni siquiera existía entonces la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción, la cual fue creada en 2017.

Inclusive la Auditoría Superior del Estado, en respuesta a un punto de acuerdo aprobado por el Congreso de Coahuila el 26 de septiembre de 2016, hizo una revisión especial del tema, concretamente “conceptos específicos relativos a determinadas operaciones financieras en los ejercicios 2015 y 2016”.

Ahí encontró que 13 razones sociales (Asha Consultores Especializados, Centro de Especialidades Corporativas, Distribuidora Universal Tobosa, Comercializadora Vilansa, Constructora y Comercializadora Sara, Consultora Murano, Consultorías Bardo, Grupo SJ3, Hotelería y Alimentos GRF, Nuberia Comercial de México, Operadora de Negocios Egeo, Riviera Álamo, y Consultoría Integral Vizel) obtuvieron 494.6 millones de pesos de la Secretaría de Finanzas entre 2014 y 2016 de manera irregular.

Cortita y al pie

En la trama que nos ocupa incluye la FGR por ejercicio indebido de atribuciones y facultades a parte del organigrama que participó en la cadena de mando: Antonio Zerón Puga, a la sazón subdirector financiero, y Nazario Salvador Iga Torre, director de Adquisiciones, ambos en la Secretaría de Finanzas. Y lo estuvo también Édgar Julián Montoya de la Rosa, subsecretario de Egresos entonces, quien falleció el 8 de julio de 2018.

Aquí la pregunta es: ¿puede un equipo como este actuar de forma aislada dentro de un gabinete sin rendir cuentas al superior jerárquico -en este caso el Mandatario estatal- como si fuesen una anomalía del sistema?

La última y nos vamos

En el escritorio del juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio, Benito Edgardo Hernández Luna, aguarda el expediente 157/2022.

¿Deberíamos esperar algo en víspera del Día de los Santos Inocentes?