Para la óptica de algunos ciudadanos por más que los legisladores y las autoridades en Coahuila se pongan las pilas y se rompan la cabeza actualizando leyes y reglamentos para mejorar el gobierno o lo que sea, todo ese esfuerzo se va al traste si no hay alguien vigilando que se cumpla al pie de la letra.

Es como cuando uno hace planes perfectos para un viaje familiar, pero si nadie chequea el aceite del carro, terminas varado en la carretera. Una cosa lleva a la otra. Porque de qué sirve endurecer las multas económicas para los que violan las nuevas reglas administrativas si al final nadie las aplica con rigor.

Solo por mencionar un ejemplo de ello hace unos meses, allá por mayo del año pasado, es decir, estamos hablando de 2025, el Congreso del Estado metió mano a la Ley de Transporte y Movilidad Sustentable.

Fue un intento serio de poner orden en un montón de desmadres que se vienen arrastrando año tras año sin que nadie los pare. Imagínense, yo mismo he visto en las calles de Saltillo cómo algunos conductores andan sin licencia -eso por platicas sociales con amistades- pero sobre todo con placas o laminas vehiculares, tan borrosas que parecen dibujadas con crayón, y nadie les dice nada.

Pues bien, una de las reformas clave es justo eso, multas más altas, que van de 20 a 300 UMAs, ya saben, esa unidad que ajusta con la inflación y que para este 2026 ronda los 117 pesos por UMA, más o menos, para quienes traigan licencias de manejo, permisos provisionales o tarjetas de circulación que no se lean bien.

Es una forma de decir: “Oye, si no cumples con lo básico, te va a doler el bolsillo”. Y no para ahí la cosa. También se pusieron duros con los dueños de vehículos que andan instalando sirenas, torretas y accesorios que solo deberían usar los de emergencia, como ambulancias o patrullas.

En lo personal los he visto tanto en el día y noche abusando de esas luces, sin que nadie les diga nada tanto particulares como taxistas. Recuerdo una anécdota de un amigo mío, taxista en Torreón, que me contaba cómo veía autos particulares con luces parpadeando como si fueran de la policía, solo para pasar el tráfico. Pues ahora, según las reformas, si te cachan con eso sin autorización, te cae una sanción que puede llegar a 100-500 UMAs, y hasta retiro del vehículo.

El punto es proteger a todos, peatones incluidos, porque un carro o camión de transporte público en mal estado mecánico, digamos, con frenos fallando o llantas lisas, es un peligro andante.

Las nuevas reglas exigen revisiones físico-mecánicas obligatorias, y si no pasas, multa de 20-100 UMAs, más la posibilidad de que te saquen el auto de circulación por 30 días hasta que lo arregles. Algo que me parece lógico, para evitar accidentes que dejan familias destrozadas. Otro detalle que me parece acertadísimo es el énfasis en castigar a quienes usan sus vehículos para algo distinto de lo que registraron. Concretamente, van contra el pirataje, ese mal que plaga el transporte público de pasajeros, tanto en rutas urbanas como foráneas, y hasta en el de carga.

Piensen en esos camiones pirata que recogen gente en las paradas sin concesión, cobrando lo que les da la gana y sin seguros. Las reformas refuerzan las medidas, si te agarran ofreciendo servicio sin permiso, multa de 300-500 UMAs, revocación de la concesión si la tienes, y el vehículo al corralón.

Esto va de la mano con más seguridad en general, coordinado con la policía estatal y municipal, para que la gente como ustedes y yo podamos viajar tranquilos, sabiendo que hay certificados de emisiones, cinturones en todos los asientos, y hasta cursos de capacitación para los choferes en primeros auxilios.

Insisto, porque vale la pena repetirlo con calma; estas reformas tienen buena intención. Por ejemplo, en el transporte especializado, como el de personal para empresas o el escolar, ahora hay límites claros en la antigüedad de los vehículos, máximo 15 años para personal, 12 para taxis, y requisitos como pólizas de seguro que cubran daños a usuarios y terceros.

¿Han oído de esos casos donde un transporte o camión de escuela se descompone y los niños quedan expuestos? Pues se busca evitarlo con inspecciones regulares por la Secretaría de Movilidad.

Y hablando de coordinación, los municipios ayudan en la vigilancia, reportando violaciones y aplicando sanciones. Todo esto debería dar más certidumbre a la población o al menos en la percepción de esas reformas. Una ciudad donde el transporte fluya seguro es una ciudad más viva, más productiva.

Pero aquí viene la parte que me molesta, y perdonen si sueno un poco frustrado, como cuando uno cuenta una historia que le ha pasado. Sobran ejemplos de cómo estas leyes se convierten en letra muerta.

Tomemos el abuso de sirenas y torretas por no-emergencias. No es raro ver a algunos periodistas o pseudo-periodistas, como dice la gente, y sus familiares, montando esos accesorios en sus carros personales o de trabajo. Y lo mismo sucede con vehículos de negocio como de limpieza o vigilancia particular, ya sea de colonias o aquellos destinado para resguardar camiones de transporte pesado.

Andan con una prepotencia que da coraje, cortando el tráfico como si fueran intocables. Y bien que se dice, “no es culpa del indio, sino del que lo hace compadre”.

En este caso, son las mismas autoridades policiales las que lo permiten, mirando para otro lado. Las reformas endurecen las multas, hasta duplicándolas por reincidencia en un año, pero ¿de qué sirve si no hay supervisión?

Hace poco, platicando con un vecino en Monclova, me decía que en su colonia siguen viendo taxis piratas operando libremente, a pesar de que la ley ahora obliga a registros en plataformas digitales para servicios como Uber o similares, con multas de 100-500 UMAs por no acreditarlos.

Pensemos en un momento porque han pasado ya nueve meses desde que se publicaron estas reformas en el Periódico Oficial, y con los dedos de una mano sobran los que saben que existen y que son “bien duras”. Para el caso, da lo mismo, porque sin inspecciones constantes, todo queda en el aire. Es como esa frase vieja que uno oye coloquialmente, “…orden dada y no supervisada, sirve para pura… bueno, ya saben, para nada”.

Si queremos ser respetosos de alguna manera podemos decir que es esfuerzo desperdiciado. Imagínense si en lugar de solo legislar, se invirtiera en más inspectores en las calles, campañas de educación vial, que la ley menciona en el Artículo 11, o hasta en tecnología como apps para reportar violaciones, como ya se hace en otros estados. Eso sí haría diferencia.

En fin, ustedes que me leen, saben que el transporte afecta a todos tanto al que va al trabajo, al estudiante, al comerciante con su carga. Estas reformas buscan un Coahuila más ordenado, con menos accidentes, que, según datos del INEGI, en México causan miles de muertes al año, y Coahuila no es excepción.

Pero sin esa vigilancia firme, seguiremos en las mismas. Ojalá las autoridades tomen nota y actúen, porque al final, somos nosotros los que pagamos las consecuencias. ¿No les parece que es hora de pasar de las palabras a los hechos? (Premio Estatal de Periodismo 2011 y 2013, Presea Trayectoria Antonio Estrada Salazar 2018, finalista en Excelencia Periodística 2018 representando a México, Presea Trayectoria Humberto Gaona Silva 2023) www.intersip.org