La universidad pública ha sido fuente de corrupción y trampolín político. También ha servido de caja chica de gobernadores como pasó en la UAdeC durante el moreirato. Algunos rectores resolvieron sus problemas económicos, adquirieron propiedades en el extranjero y otros ahora son empresarios.

El hotel de Mario Ochoa, en Bella Unión, se construyó a la par que el campus de Arteaga. En la investigación sobre la Estafa Maestra, Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad descubrieron que ocho instituciones públicas de educación superior cobraron mil millones de pesos de comisión por triangular 7 mil 620 millones a empresas fantasma.

Las universidades, al igual que las administraciones estatales, afrontan problemas financieros por las políticas de austeridad y control dispuestas por el presidente López Obrador, pero también por las deudas heredadas.

La UAdeC está lastrada por su instrumentalización por parte del gobernador de turno. Rubén Moreira fungió como rector de facto y como tal se pavoneaba, incluso llegó a jactarse de que tres exalumnos de la Facultad de Jurisprudencia dirigían los poderes del Estado: el Ejecutivo, él; el Legislativo, Fernando de las Fuentes; y el Legislativo, Gregorio Pérez Mata. ¿Motivo de orgullo o vergüenza para la institución? Los tres, en sus ámbitos, tienen responsabilidad en la megadeuda.

Con egresados así y otros de la misma ralea, la Facultad de Jurisprudencia difícilmente obtendrá blasones en el escenario nacional. Las clasificaciones las encabezan las pertenecientes a la UNAM, la Panamericana, la Iberoamericana, el ITAM, la Escuela Libre de Derecho, el CIDE, la Autónoma de Nuevo León y la de Puebla, entre otras.

La mayoría son privadas y las públicas operan bajo estructuras y formas de gobierno que les permiten cumplir sus objetivos, el principal de los cuales consiste en preparar a sus alumnos con modelos de excelencia.

Jurisprudencia ha pospuesto la elección de director debido a la pandemia de Covid-19, pero a la Facultad la afectan otros virus: el del acoso sexual, y sexteo –de lo cual sabe mucho uno de los aspirantes; el alfil de Rubén Moreira para más señas–, el tráfico de influencias y la corrupción.

El cargo también se ha utilizado para satisfacer la hibris exaltada de directores arrogantes que utilizan sus credenciales para deslumbrar a incautos y obtener ventajas y privilegios siempre con dinero del erario.

Entiendo que la competencia se decidirá entre dos y que pretendientes casquivanos arrojaron la toalla, no sin antes inventar amenazas y teorías conspiratorias, las cuales, de existir, deben ser denunciadas y probadas por elemental decoro.

Quien sí tiene un abultado expediente sobre conductas reprochables e incluso constitutivas de delito, según he leído, es el candidato moreirista. En la columna del 7 de febrero pasado escribí sobre el tema: “Jurisprudencia no debe tirar por la borda la oportunidad de romper círculos viciosos y abrirse a nuevos horizontes”.

Hoy lo refrendo.

El daño causado por el clan al estado, a la UAdeC y a las instituciones en general es demasiado como para concederle también la Dirección de Jurisprudencia. ¿No le basta con tener sembrados aviadores, diputados, magistrados y funcionarios cuyos sueldos y guardaespaldas pagan los coahuilenses con sus impuestos? Quienes conocen mejor la situación de la Facultad y padecen sus vicios y cacicazgos son sus alumnos y profesores. Toca a ellos defenderla y no vender su voto por un mendrugo.