En días pasados, se dio a conocer que 31 miembros del Conacyt y del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, fueron acusados, por la propia dirección del Conacyt, ante la FGR por cuatro delitos. Sin embargo, ayer se dio a conocer que un juez adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya, Estado de México, negó en definitiva a la FGR girar órdenes de aprehensión contra los imputados, lo que la comunidad científica celebró.

Aunque, por la noche, la Fiscalía General de la República emitió un comunicado en el que informó que volverá a solicitar la orden de aprehensión, argumentando falta de criterio por parte del juez. La denuncia señala que los servidores públicos “crearon, autorizaron y fondearon una empresa privada para después incorporarse a ella”, y que utilizaron recursos federales destinados a la investigación científica “para favorecer a dicha empresa privada en la compra de muebles, vehículos, inmuebles, salarios y servicios directos”.

Por su parte, senadores de Morena, para no quedarse atrás y dar una falsa imagen de que trabajan, a través de un punto de acuerdo en la cámara alta solicitaron que la UIF investigue de pasada a las universidades públicas del país, incluida la UNAM, por el uso de recurso público de supuestos “falsos investigadores”, que como ellos dicen, “despilfarran mucho dinero en turismo internacional científico”. Lo anterior fue detallado en conferencia de prensa por el senador coahuilense Armando Guadiana, quien se refirió al caso antes mencionado de los 31 científicos que son investigados por la Fiscalía.

El punto de acuerdo solicita a la Auditoría Superior de la Federación, la auditoría superior de los estados y la Unidad de Inteligencia Financiera que investiguen los fondos tanto federales como de las entidades, destinados a las universidades autónomas de todos los estados, incluyendo la máxima casa de estudios, la UNAM.

Y a todo esto ¿qué dicen los científicos? Evidentemente, los científicos mexicanos por su parte, pidieron al Gobierno federal detener la persecución contra integrantes de su comunidad que tienen posturas ideológicas y políticas contrarias a la Administración de Andrés Manuel López Obrador.

Y es que la burra no era arisca… la hicieron. Para nadie es un secreto cómo el Gobierno de López Obrador utiliza la justicia de forma selectiva. No creo que sea momento de asumir una postura y meter las manos al fuego por nadie, porque en este país quien la hace la tiene que pagar, pero si genera dudas el hecho de este Gobierno proteja criminales y hoy persiga científicos. No checa pues.

Los investigadores sostienen que la Suprema Corte, en una sentencia de agosto, consideró legal el otorgamiento de recursos del Conacyt al Foro Consultivo. Los científicos señalan que existe una persecución “contra quienes ejercieron sus funciones con base en la normatividad entonces vigente que se guiaba por una concepción distinta sobre el desarrollo científico y tecnológico del país”. Por cierto, este no es el primer desencuentro entre la comunidad científica y el Conacyt.

¿No será que este ataque desmedido a los científicos y a las universidades se debe a que está por aprobarse la nueva ley de Ciencia, Tecnología e Innovación?. Pudiera ser, ya que la nueva ley, lo que pretende es concentrar el poder y limitar tanto los recursos, como la libertad de investigación, y quizás lo que se busca con las denuncias y la presión de los senadores a científicos de Conacyt y universidades respectivamente, pudiera tener como fin, crear un ambiente de terror para evitar protestas. Al tiempo.

Gerardo Abraham Aguado Gómez es miembro de Acción Nacional desde 2008. Exdiputado local en la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila.