El Estado mexicano ha sido incapaz de proteger la libertad de prensa. Entre el Gobierno de Vicente Fox y los primeros años de la Administración de Andrés Manuel López Obrador, 142 periodistas fueron asesinados (131 hombres y 11 mujeres) en relación con su trabajo, de acuerdo con el registro de Artículo 19. El riesgo es permanente; y la respuesta de las autoridades, retórica, advierte Édgar London en Espacio 4, 673.

“Las amenazas del cártel Jalisco Nueva Generación contra la periodista Azucena Uresti, Milenio, Televisa y El Universal, evidencian la vulnerabilidad del gremio y la necesidad de que el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, adopte medidas contundentes para proteger a las víctimas potenciales y a las empresas dedicadas a la comunicación, las cuales son objeto de intimidaciones, extorsiones y ataques, no solo del crimen organizado, sino también de políticos y miembros de las fuerzas de seguridad de los distintos niveles.

“El video empezó a circular por internet el 9 de agosto por la mañana y causó indignación entre la sociedad por su altanería y descaro. El mensaje en el nombre del líder del CJNG –las autoridades no descartan que la voz sea la del propio capo– advierte no estar “contra de la libertad de expresión”, pero de inmediato impone censura: dejen de “tirarle” al cártel.

La amenaza contra la conductora de espacios informativos en Milenio Televisión, Multimedios y Radio Fórmula, Azucena Uresti, es directa: “Te lo aseguro que donde sea que estés, doy contigo y te haré que te comas tus palabras, aunque me acusen de feminicidio, porque no me conocen a mí, Rubén Oseguera Cervantes, yo no soy cobracuotas ni extorsiono”.

“El texto se leyó entre personas con el rostro cubierto, equipadas ostentosamente con armas de alto calibre. Un desafío del crimen organizado al Gobierno. El presidente López Obrador condenó los hechos y ordenó al subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, brindar protección a la periodista. Advirtió que el Gobierno federal ya no encubre la delincuencia organizada ni de cuello blanco como ocurría en el pasado.

“Quiero expresar mi solidaridad con la periodista Azucena Uresti por la amenaza que recibió de una de las organizaciones de la delincuencia. Quiero decirle que cuenta con nosotros. Desde que me enteré, di la instrucción para que se le atendiera, ya se estableció comunicación con ella, el subsecretario Alejandro Encinas la atendió y ya se estableció un mecanismo de protección”, señaló en su conferencia matutina del 10 de agosto.

“La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, por su parte, informó que la Dirección General del Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas CDMX, se mantiene en coordinación con la Dirección General del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas Federal con el objetivo de implementar las acciones necesarias para la atención del caso “en calidad de urgentes”.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) se sumó a la preocupación por las amenazas del CJNG contra Uresti y tres medios de comunicación e instó a garantizar la libertad de expresión en México. “Más allá del anuncio oficial del Gobierno de que tomará medidas para proteger a periodistas y medios de comunicación amenazados, es urgente que se dote al sistema de protección de los recursos económicos y profesionales para que pueda operar con eficiencia”, señalaron los presidentes de la SIP, Jorge Canahuati, y de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet (El Universal, 10.08.21).