Además de corrupto, ignorante y represor, Enrique Peña Nieto resultó espía. Bastante torpe, por cierto. El “orgullo de Atracomulco” gastó en vano decenas de miles de millones de pesos en imagen y espionaje –otra de las aficiones de Rubén Moreira–. Édgar London escribe sobre el tema en Espacio 4 (672).

“Espiar enemigos es un ejercicio tan viejo como la humanidad y se ha practicado en todas las épocas y a todos los niveles. ¿Acaso no le encontraron al presidente Nixon un sistema de grabación en su oficina durante el escándalo Watergate?

“Sin embargo, hasta el mítico James Bond quedaría asombrado frente a los sofisticados sistemas de espionaje que se emplean en la actualidad. Ya no se trata de tomar fotos a escondidas o las intervenciones telefónicas tradicionales. La tecnología moderna permite activar cámaras, compartir llamadas en tiempo real, transferir archivos automáticamente, incluso registrar la ubicación de una persona y seguir sus movimientos, sin que esta jamás se percate.

“Basta tener un teléfono celular para convertirnos en víctimas potenciales de un sistema de control remoto tan desarrollado como Pegasus, perteneciente a la empresa israelí NSO Group, especializada en la elaboración de softwares espías, los cuales vende a quienquiera que sea capaz de pagarlo, no importa si se trata de una agencia gubernamental o una entidad privada. Amnistía Internacional (AI) y Forbidden Stories, organización sin ánimo de lucro, compartieron con medios de comunicación, una lista de más de 50 mil números de teléfono atacados por Pegasus. Muchos de ellos vinculados a periodistas, funcionarios, sindicalistas, empresarios y un largo etcétera que se aleja del perfil delincuencial, motivo por el cual fue supuestamente creado el programa.

“A partir de este descubrimiento, AI demandó la suspensión inmediata de la exportación, venta, transferencia y uso de tecnología de vigilancia. ‘Estamos ante una peligrosa industria que ha actuado al margen de la legalidad durante demasiado tiempo y esta situación no puede continuar. Lo que necesitamos urgentemente es una mayor regulación de la industria de la cibervigilancia, la obligación de rendir cuentas… y una mayor supervisión de esta oscura industria’, manifestó la organización. (…)

“De los 50 mil números de teléfonos celulares obtenidos por Forbidden Stories, 15 mil corresponden a teléfonos mexicanos. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) reveló el 28 de julio que se encontraron 31 contratos del Gobierno con empresas vinculadas a NSO para la adquisición de software, hardware, bases de datos, plataformas, licencias y operaciones de mantenimiento por un monto de mil 970 millones 063 mil 967 pesos, además de 61.3 millones de dólares. Pegasus se consolidó en México entre 2011 y 2018, al término de la Administración de Felipe Calderón y durante todo el sexenio de Enrique Peña Nieto. Fue adquirido por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) al Grupo Tech Bull, distribuidor de NSO.

“‘No obstante, para sus transacciones, la empresa israelí usó otras compañías fachada, llevando a cabo así una simulación de contratos relacionados con el software Pegasus en diferentes instancias del Gobierno federal por conceptos distintos al uso de tecnología de inteligencia’, señaló Rosa Icela Rodríguez, titular de la SSPC. Durante ese período fueron vigilados con el malware los periodistas Carmen Aristegui y Cecilio Pineda Brito, asesinado en 2017, semanas después de que el número de su teléfono celular apareciera en la lista filtrada.

“También se encontraron a miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos independientes que investigaban el Caso Ayotzinapa y no menos de 50 personas cercanas al presidente Andrés Manuel López Obrador, desde su esposa e hijos hasta su cardiólogo. ‘Consideramos grave el uso sistemático y generalizado del Gobierno de Enrique Peña Nieto para espiar a periodistas, activistas, víctimas de la violencia y opositores políticos’, expresó Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19” (La Jornada, 21.07.21).