Ciudad de México.- La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, llamó a no confundir la legitimación con la popularidad.

Durante la ceremonia conmemorativa del 25 aniversario del Instituto Federal de Defensoría Pública reconoció que las instituciones públicas están sujetas a la constante aprobación y legitimación social porque no puede haber confianza, aceptación ni credibilidad ciudadana en ellas si su actuar no se traduce en acciones concretas que redunden en un beneficio social.

No obstante, la Ministra indicó que en la Constitución y las leyes está el mandato y la misión de las instituciones y es a partir de éstos que seguirán construyendo su legitimación social.

“ He ahí los principios que marcan nuestra actuación y, a partir de los cuales, habremos de seguir construyendo nuestra legitimación social”, dijo.

La Ministra subrayó que es muy importante distinguir entre la necesaria legitimación social que la instituciones requieren y el uso de las mismas como un medio para obtener aprobación social.

#ÚLTIMAHORA | “Es importante distinguir entre la necesaria legitimación, del uso de las instituciones públicas como un medio para obtener aprobación social… No debemos confundir legitimación con popularidad”: advierte la ministra presidenta de la #SCJN, Norma Piña pic.twitter.com/MqoLQ6e0xT

— Azucena Uresti (@azucenau) May 30, 2023

“ La diferencia podría parecer sutil, pero no lo es. La búsqueda institucional de legitimación social tiene una brújula muy clara y definida: el mandato que la ley da a la propia institución”, afirmó.

Piña sostuvo que las instituciones no sólo deben trascender a quienes las integran, sino evolucionar y adaptarse a las necesidades de la ciudadanía sin perder la esencia de su origen.

“ En el camino, en la evolución y adaptación de nuestra institución a las exigencias ciudadanas no debemos confundir legitimación con popularidad. Eso nunca ha estado -no debe estar- en nuestra misión axiológica, en nuestros valores institucionales”, afirmó.

Reconoció que las personas defensoras y asesoras jurídicas tienen la enorme tarea de hacer frente a las desigualdades que caracterizan el acceso a la justicia en el País.

Dijo que si bien los orígenes de esa “dolorosa injusticia” no están en sus manos, la posibilidad de contenerla sí se encuentra en cada decisión que en el Instituto se tome.

“ El resultado de los juicios depende, en buena medida, de que ustedes defiendan los reclamos de las personas de manera ética, novedosa y creativa. Reten al derecho a ser más justo, reten al sistema de invisibilizar y, frecuentemente, ignora los derechos de losas desaventajados”, demandó.

Reconoció que la cantidad de trabajo es abrumadora; no obstante, aseguró que desde diversos frentes trabajan para impulsar y fortalecer mecanismos de acompañamiento en esta fundamental labor.

“ Asumo, junto con ustedes, el reto, los retos, que nos plantea la especialización adecuada para atender satisfactoriamente la defensa de los derechos de las infancias, de las personas con discapacidad, de las personas, comunidades y pueblos indígenas y afromexicanos, de las mujeres, de las personas migrantes, de las personas de la diversidad sexual, entre otros muchos”, indicó.