Ciudad de México.- El activista Gustavo Castro Soto, único testigo del atentado en que murió la ambientalista Berta Cáceres, arribó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, tras permanecer casi un mes retenido por el gobierno hondureño.

El ambientalista llegó acompañado de su hermano Óscar, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). La dependencia destacó que en su trayecto desde Honduras estuvo acompañado por el cónsul de México en Tegucigalpa y fue recibido a su llegada por un funcionario de protección de la misma Secretaría.

La cancillería dijo que continuará apoyándolo para que colabore, al amparo del tratado de Asistencia Jurídica Mutua, en el proceso de investigación del asesinato de Berta Cáceres, del cual fue testigo.

La titular de la SRE, Claudia Ruiz Massieu, se comunicó con el canciller de Honduras, Arturo Corrales, previo al arribo del Castro Soto a la Ciudad de México, para agradecer la atención a las solicitudes del gobierno de mexicano, a fin de permitir el retorno del coordinador de la organización Otros Mundos.

Según el comunicado de la cancillería, los dos funcionarios reiteraron su voluntad de seguir colaborando en el esclarecimiento del asesinato de Cáceres, por el cual Castro permaneció en Honduras durante casi un mes. También destacaron el excelente nivel de diálogo entre ambos gobiernos.

Castro estaba retenido en la embajada de México en Tegucigalpa luego de que las autoridades migratorias le impidieron salir del aeropuerto Toncontín por una alerta migratoria del juzgado de La Esperanza (oeste).

El mexicano resultó con heridas leves a manos de los desconocidos que la madrugada del 3 de marzo entraron a la vivienda de Cáceres, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), en La Esperanza y la asesinaron a tiros.

Castro estaba en la vivienda de Cáceres porque al día siguiente ambos iban a participar en una conferencia sobre proyectos alternativos de generación de electricidad.

La fiscalía informó el jueves que el juzgado revocó la prohibición de salir del país a Castro aunque podría ser requerido de nuevo en caso de ser necesario en las investigaciones del crimen.

La fiscalía también informó que desde el 13 de marzo empezó a investigar a la empresa Desarrollos Eléctricos de Honduras (DESA), que había amenazado a la ambientalista por oponerse junto con los miembros del Copinh a la construcción de una represa en el río Gualcarque, que atraviesa la zona de las comunidades indígenas.

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