Ciudad de México.- Con su futuro institucional en juego, el Instituto Nacional Electoral atraviesa una de las etapas más delicadas desde su creación. A las presiones externas por una reforma electoral que busca adelgazar sus estructuras y su presupuesto, se suma una fractura interna que ha impedido a sus 11 consejeros articular un frente común ante el rediseño promovido por el gobierno federal.

La iniciativa, que prepara una comisión presidencial encabezada por Pablo Gómez, contempla cambios de fondo tanto en el INE como en los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE). Entre las propuestas en análisis se encuentran desde un cambio de nombre —pasar de INE a Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC)— hasta una reconfiguración integral que implicaría fusionar áreas, reducir personal, modificar procesos y recortar de manera significativa el gasto operativo.

Funcionarios involucrados en estos trabajos señalan que, a diferencia de otras propuestas de reforma política —como la integración del Congreso o el financiamiento de los partidos, hoy detenidas por el rechazo del PVEM y el PT—, los cambios relacionados con el INE y los OPLE están avanzados y perfilan un ajuste presupuestal relevante.

Austeridad y presión política

La presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado que las elecciones en México son “de las más caras del mundo” y, bajo esa premisa, ha pedido aplicar la austeridad republicana a los órganos electorales, una consigna heredada del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

El margen de maniobra del INE dependerá, en buena medida, del acuerdo que Morena logre construir con sus aliados. Sin embargo, lejos de mostrar cohesión o sensibilidad política, el instituto ha exhibido en las últimas semanas desorden interno, opacidad administrativa y choques públicos entre sus consejeros.

Las polémicas de Taddei

El detonante más visible ocurrió en enero, al regreso del periodo vacacional, cuando personal y consejeros encontraron cámaras de seguridad con micrófonos integrados, torniquetes electrónicos y dispositivos ponchallantas instalados en la sede central del instituto, incluida la sala de prensa.

El tema provocó un choque directo entre la consejera presidenta Guadalupe Taddei y el resto del Consejo. Los consejeros solicitaron información sobre el llamado “plan de modernización de sistemas de control y acceso”, cuyos costos fueron reservados por el Comité de Transparencia del INE bajo el argumento de seguridad nacional.

El consejero Uuc-kib Espadas cuestionó que los micrófonos permitan captar conversaciones del personal y visitantes, lo que consideró una posible invasión a la privacidad. A su vez, el consejero Martín Faz denunció que la decisión se tomó sin consultar al pleno y que la información fue entregada “a cuentagotas”, incluyendo la confirmación de que la adquisición se realizó por asignación directa, sin transparentar proveedor ni costos.

A esta polémica se sumó la revelación de un contrato por un millón de pesos para producir un documental sobre la elección judicial. Varias consejeras se deslindaron públicamente de la decisión. La consejera Carla Humphrey afirmó que el propio INE pudo haber realizado el material, mientras que Dania Ravel aclaró que las consejerías no intervienen en los procesos de contratación.

La Coordinación Nacional de Comunicación Social intentó contener la crisis con un recorrido de prensa por las instalaciones, sin revelar montos del contrato de seguridad. Sobre el video, sostuvo que no se trata de una miniserie, sino de un documental de dos capítulos, y negó que su costo fuera excesivo.

Un Consejo fracturado y sin propuesta común

Consejeros consultados por El País coinciden en que lo más grave no son los episodios aislados, sino la fractura de fondo dentro del Consejo General, dividida entre dos visiones sobre el papel del INE y su autonomía frente al poder político.

La prueba más clara es el documento entregado el 12 de enero a la comisión presidencial: no una propuesta institucional, sino 204 ideas individuales, algunas contradictorias entre sí. Pablo Gómez recibió el texto con escepticismo y cuestionó de inmediato los intentos por blindar el presupuesto del INE y los OPLE.

Recortes, vacantes y riesgo de parálisis

La reducción del gasto electoral está en el centro de la reforma. Desde 2019, la Cámara de Diputados ha aplicado recortes sistemáticos al INE. Para 2026, el instituto solicitó 15,099 millones de pesos y recibió 14,099 millones. En 2024, pidió 13 mil millones para la elección judicial y sólo le aprobaron 6,200 millones, con una ampliación posterior de 800 millones por parte de Hacienda.

A este escenario se suma un problema institucional: el 3 de abril concluye el encargo de tres consejeros (Dania Ravel, Claudia Zavala y Jaime Rivera), lo que dejará un Consejo de ocho integrantes, con riesgo de empates en las votaciones.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, ha dicho que las designaciones se harán hasta después de presentada la iniciativa de reforma, anunciada por Sheinbaum para la segunda semana de febrero, lo que podría prolongar la interinidad.

No sería la primera vez. Antes de la reforma de 2014, el entonces IFE también operó incompleto. Aquella reforma amplió el número de consejeros, creó los OPLE y cargó al instituto de estructuras que hoy se buscan corregir.

La incógnita persiste: si la reforma reducirá el número de consejeros, si mantendrá su designación en el Legislativo o si se optará por la elección popular, como propuso López Obrador. Mientras tanto, el INE llega dividido, debilitado y sin una voz común a la discusión que definirá su futuro.

información por Aquí Noticias