Ciudad de México.- El próximo 28 de octubre la mina Peñasquito deberá solventar los compromisos adquiridos por los gobiernos de México y Estados Unidos como plan de remediación en el marco del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del T-MEC, tras determinarse la existencia de una denegación de derechos en el yacimiento a cielo abierto ubicado en Zacatecas.

El conflicto tiene como antecedente la queja laboral promovida ante la Oficina Comercial de Estados Unidos por el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, encabezado por Napoleón Gómez Urrutia. La organización gremial denunció actos de injerencia patronal, el despido de representantes y trabajadores afines a su dirigencia, así como presiones para favorecer a una representación sindical paralela dentro del complejo minero.

A estos señalamientos se sumó el impacto de la huelga de más de cuatro meses que paralizó las operaciones en 2023 por diferendos en el pago del reparto de utilidades y la aplicación del contrato colectivo. El paro representó un impacto directo en el balance financiero de Newmont, la firma estadunidense concesionaria de la mina, con pérdidas estimadas en cientos de millones de dólares, además de detener la extracción en un yacimiento considerado entre los principales productores de oro, plata, zinc y plomo en el país.

El freno productivo tensó la relación entre el corporativo, el gremio y las autoridades federales, derivando en fricciones sindicales que llevaron a la activación del panel comercial bajo las reglas del tratado trilateral.

En las instalaciones de Mazapil, la empresa enfrenta la exigencia de emitir una carta de neutralidad que garantice la libertad de asociación sin represalias ni intervenciones en asuntos gremiales internos.

Una vez concluido el plazo límite, Washington y México abrirán un periodo de 30 días para evaluar en campo la remediación y definir si procede el cierre del expediente laboral.