Ciudad de México.- El clan Taddei ramificó su presencia en, al menos, 13 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) a donde llegaron funcionarios que, desde puestos clave, otorgaron contratos a las empresas del emporio de José Alfredo Hernández Casillas a través de concursos simulados.

El conglomerado de empresas de los hermanos Hernández Casillas recibió más de mil millones de pesos desde 2014, de al menos 13 OPLE.

Parte del modus operandi era postularse como competidoras en diversas licitaciones para asegurar los fallos a su favor.

Además de estas simulaciones en 13 OPLE, en los institutos de Sonora, Oaxaca, Veracruz, Estado de México y Quintana Roo se pudo identificar que estaban activos funcionarios cercanos a la expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, o designados bajo su presidencia, cuando se otorgaron contratos.

Tan sólo en Sonora, el consejero presidente del Instituto Electoral local, Nery Ruiz Arvizu, ha sido compañero de relaciones institucionales de Guadalupe Taddei desde que ella presidía el organismo, en 2014. “Siempre ha sido mi jefa”, llegó a admitir el hoy consejero en alguna ocasión.

Aunque empresas como Comercializadora JVLY dejaron de ser contratadas en 2019 por el Instituto Electoral de Sonora, otras como Cajas Graf han sido adjudicadas en compras recientes.

Por ejemplo, el año pasado se les otorgó un contrato de 29 millones 996 mil pesos para la compra del material de la elección judicial.

Otro caso especial de unión entre Taddei y titulares de OPLE es el de Oaxaca, donde se dieron contratos al Corporativo Zeg por 32 millones de pesos y otro por 36 millones de pesos durante la gestión de Iliana Araceli Hernández Gómez como secretaria Ejecutiva del organismo local.

Llamado a cuentas

Tras el escándalo que derivó en la renuncia de Guadalupe Taddei, la Jucopo de la Cámara de Diputados acordó aceptar la comparecencia de Víctor Hugo Carvente, titular del Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE), para que informe sobre las investigaciones abiertas por presuntas irregularidades al interior del organismo.

El funcionario deberá rendir cuentas ante la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y la Junta de Coordinación Política.

El coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, anticipó que buscará que la comparecencia se concrete esta misma semana. “La transparencia es lo que más conviene al país y por eso, lo que ellos tengan que decir o señalar, lo podrán hacer aquí ante las comisiones respectivas y ante la propia Junta de Coordinación Política”, afirmó.

Entre las posibles irregularidades bajo investigación figuran conflictos de interés, abuso de funciones, documentación falsa o alterada, deficiencias en la supervisión y posibles daños al patrimonio público. El órgano de control sostuvo que continuará con las indagatorias y también anunció que colaborará con la Auditoría Superior de la Federación (ASF).