Monclova, Coah.- Dos abogados asignados por el Instituto Federal de Defensoría Pública asumieron formalmente la representación legal colectiva de los empleados de Altos Hornos de México (AHMSA) y Minera del Norte (MINONSA), ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles. Los juristas Dania Carolina Fragoso Rojo e Ignacio Miñón Ramírez, ratificaron su cargo de manera presencial ante el tribunal correspondiente, asumiendo de forma inmediata la vigilancia integral del expediente corporativo.

Esta maniobra institucional busca blindar las garantías constitucionales de la plantilla laboral, justo en un momento clave en el que el proceso entra de lleno al análisis de los lineamientos y bases técnicas que regularán las próximas subastas de los activos remanentes de la siderúrgica.

A pesar de la envergadura y complejidad de esta nueva tutela legal, la jueza federal Ruth Haggi Huerta García, aclaró explícitamente que la llegada de los litigantes públicos opera estrictamente como una medida de protección constitucional de los asalariados, por lo que su ingreso al juicio civil no representará de ninguna manera la interrupción, freno o prórroga en los plazos procesales previamente fijados en la agenda del concurso mercantil.

Para agilizar las operaciones logísticas del litigio, los defensores habilitaron formalmente sus accesos digitales en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, herramienta que les permitirá ser notificados electrónicamente de cada acuerdo judicial en tiempo real y fiscalizar los mecanismos de liquidación de la empresa.

Este relevo en la representación legal coincide directamente con la entrega del informe definitivo de créditos preferentes por parte de la sindicatura, el cual desglosa los cálculos de las deudas obreras acumuladas. Con este documento ya en la mesa y el soporte técnico de la defensoría pública, se ha abierto un periodo perentorio de tres días hábiles para que los trabajadores revisen minuciosamente los montos asignados, cotejen las cifras correspondientes a sus salarios o prestaciones rezagadas y presenten de manera formal cualquier objeción o manifestación que consideren indispensable para proteger su patrimonio económico antes de la enajenación de los bienes.