@luiscarlosplata

Cinco días consecutivos de lluvia son suficientes para evidenciar la corrupción. Las auditorías como sea. La transparencia es lo de menos. No hay obra pública que soporte la fiscalización exhaustiva que suponen 120 horas consecutivas de agua cayéndole encima.

Así sucedió en días pasados –entre otros ejemplos de infraestructura urbana que también sufrieron daños– con las clínicas del magisterio de la Sección 38 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, en Coahuila, mismas que a consecuencia dejaron de atender a los derechohabientes (oficialmente, pues en la práctica han dejado de recibirlos desde hace muchos años, ahuyentándolos poco a poco y orillándolos a buscar atención médica por sus propios medios en otros lugares, disminuyendo así al mínimo, con ese plan perverso, carga laboral y responsabilidad civil).

En Torreón las instalaciones quedaron con afectaciones mayores debido a la humedad recibida, lo que obligó a suspender casi por completo –salvo Urgencias– la atención “hasta nuevo aviso”. Y en Saltillo, desde el 9 de octubre, quedaron canceladas todas las cirugías, también “hasta nuevo aviso”, argumentando en este caso “falta de insumos”.

El punto es que ya estaba en crisis el Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación, y aún así lo expolian. Las lluvias sólo exhiben el fenómeno.

Mediante la sociedad mercantil Albora Grupo Empresarial de Capital Humano, S. de R.L. de C.V., la cual pertenece –cómo no– al hijo del líder magisterial durante la 4T, Alfonso Cepeda Salas, de nombre Alfonso Cepeda Garza, éste ha obtenido 36 millones 192 mil pesos por concepto de “limpieza, seguridad y vigilancia” de la Clínica Hospital del Magisterio Unidad Saltillo de 2018 a 2023. Periodo que, casualmente, coincide con el sexenio en que su padre funge como secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

Albora Grupo Empresarial de Capital Humano es una persona moral constituida el 23 de noviembre de 2015 en la Notaría 40 de Saltillo, y se compone de cuatro dueños por partes iguales, uno de los cuales es el mencionado Cepeda Garza. Desde que recibió su primer contrato del Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación de la Sección 38 se adjudicó 13 convenios más, sucesivos hasta 2023, el último actualmente vigente, por diferentes montos pero los mismos conceptos: “limpieza, seguridad y vigilancia” de la Clínica. En 2018 y 2019, por ejemplo, se embolsó 6 millones anuales más IVA; en 2020 y 2021 otros 6 millones y medio de pesos al año más IVA, y en 2022 y 2023 la cantidad disminuyó a 3 millones 100 mil más el impuesto.

Lo irónico es que, a juzgar por lo firmado, la Clínica Hospital del Magisterio Unidad Saltillo debe ser un inmueble más vigilado que Palacio de Gobierno: 18 elementos de seguridad fueron cotizados en las contrataciones. ¿En dónde están? ¿Qué tanto vigilan?

El negocio, se ha dicho antes aquí, está en la subrogación. Ante la encrucijada de mantener nosocomios inoperantes, decadentes y precarios, llega un proveedor a brindar el servicio que ya no pudo -o peor aún, que deliberadamente ya no quiso- proporcionar la institución obligada. Previo pago millonario, por supuesto. Con recursos públicos, desde luego. Así al ‘muerto’ lo siguen exprimiendo. Aunque, en los hechos, sigue estando ‘muerto’. La ganancia es lo único vivo en la trama.

Ahora bien, ¿qué hubiese sucedido en todo ese tiempo si, en lugar de desviar ése presupuesto sistemáticamente hacia las ‘empresas’ de Cepeda, invirtiesen en adecuaciones y mantenimiento del inmueble? ¿Estarían hoy en condiciones deplorables para tener que cerrar por lluvias “hasta nuevo aviso”?

Cortita y al pie 

Y luego está el asunto de los “insumos” que carecen, motivo por el cual no pueden hacer nada “hasta nuevo aviso”.

Se publicó en este mismo espacio el pasado 10 de septiembre que tan sólo en 2022 la razón social Médica Buslo, S.A. de C.V., se agenció 76 millones 161 mil pesos por seis contrataciones para “suministro de medicamentos” y “material de curación” del Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación de Coahuila, las cuales fueron formalizadas entre el 1 de febrero y el 23 de diciembre.

Resulta que la ‘empresa’ se localiza frente a la Clínica Hospital del Magisterio, en Saltillo, en un pequeño local que ha cambiado de giro en varias ocasiones, donde la existencia en producto al mostrador no sobrepasa los 20 mil pesos (la mayoría materiales consumibles y desechables), y sus redes sociales –único medio de publicidad– están inactivas desde hace dos años.

Una pareja de socios, de 34 años, creó en Saltillo por partes iguales la sociedad mercantil, el 11 de noviembre de 2019, y tienen por domicilio fiscal una dirección enclavada en un territorio semidespoblado, entre las colonias Loma Linda y Misión Cerritos. Una zona de alta marginación e inseguridad en la capital.

Inclusive la única empleada, de nombre Zayuri Karina Garza Rangel, figura en la plantilla de personal del Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación Sección 38, como “dependiente de mostrador”, clave 503535, desde marzo de 2018.

Y si bien Médica Buslo cuenta con registro federal de contribuyentes y en el padrón de proveedores y contratistas de la administración pública del estado, emitido por la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, no aparece en el padrón de Cofepris.

La última y nos vamos

Difícil creer que un jugador con tales características aparezca por generación espontánea y se lleve todo el dinero de la Sección 38 –coto de Cepeda- así como así.