Finalmente el pasado martes, tal cual se había previsto, en una evidente disminución de su poder, la propuesta de reforma electoral de Andrés Manuel López Obrador fue desechada en la Cámara de Diputados, por no contar con la mayoría calificada equivalente a dos terceras partes de los votos del Congreso, necesarias para alcanzar una reforma que modificara preceptos de la Constitución.

Ante la derrota, y en una demostración de dependencia y sometimiento, el Presidente ordenó a su bancada morenista presentar y aprobar inmediatamente una nueva propuesta legislativa emergente, a la que él mismo llamó plan B, que aunque no constitucional, sí suficiente para empezar a fastidiar la operatividad del Instituto Nacional Electoral (INE), a quien extrañamente ahora ve como su mayor enemigo.

El plan B de López Obrador es un paquete de leyes secundarias con las que busca compactar, restarle atribuciones y autonomía a la estructura del INE; además de que con él quitaría toda autoridad al órgano electoral para reducirlo a un pobre y simple organizador de elecciones, sin posibilidad de imponer sanciones a servidores públicos, partidos políticos o candidatos electorales infractores. Significando estos los principales cambios que se aprobaron la madrugada del miércoles.

Para quien dude de la veracidad de mis primeras aseveraciones, respecto a que por un lado el Presidente tiene sometidos a sus diputados morenistas, y que por el otro su poder está disminuyendo, debo comentarle que esta nueva iniciativa alterna del Presidente llegó al Pleno de la Cámara baja inmediatamente después de recibir el revés a su propuesta de reforma constitucional electoral, es decir, por la vía rápida y con el mandato expreso a los diputados de su partido y sus aliados que debían aprobarla sin chistar y sin conocerla, o por lo menos darle una breve leída.

Una vez que la nueva propuesta del Presidente estuvo en el Pleno, los diputados del resto de los partidos decidieron abandonar el recinto legislativo sabedores que con o sin ellos los legisladores aprobarían este desquite presidencial, además de que no fueron atendidas sus quejas respecto a la imposibilidad de analizar previamente la propuesta, y la evidente omisión de ser discutida, lo que de nada sirvió.

Así pues, la primera instrucción a sus diputados de votarla a favor fue acatada a la letra, pero en un acto de insurrección oportunista, los diputados de los partidos aliados, Verde Ecologista y Partido del Trabajo, antes de atender la orden, amagaron al Presidente pidiéndole a cambio de su voto la incorporación de por lo menos dos artículos favorables a sus intereses, lo que irremediablemente tuvo que hacer la bancada morenista para no llevarse otro fracaso en la misma noche.

Con todo lo anterior se hace evidente, que aunque inofensivos son los cambios aprobados por los diputados y que los mismos aún deberán pasar por el Senado, y en caso de ser aprobados, por acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte a las que difícilmente podrán pasar, lo cierto es que a pesar de esta derrota para el Presidente, sus actos cada vez más anuncian el comienzo de una guerra política tendiente a desestabilizar las elecciones presidenciales de julio de 2024, y la evidente intrusión en la renovación de los consejeros del INE prevista para abril próximo, algo que sí debe preocuparnos.