Nuevo Laredo, Tamaulipas.– Después de seis años de exigir justicia y tras una huelga de hambre de casi tres días, víctimas sobrevivientes y familiares de la masacre de Valles de Anáhuac sostuvieron una reunión con el Gobierno de Tamaulipas, donde recibieron una propuesta inicial para la reparación del daño.

El encuentro se realizó en Nuevo Laredo y contó con la participación de autoridades estatales, defensores de derechos humanos y los afectados por los hechos de 2017, cuando elementos de la Policía Estatal asesinaron a varias personas en la zona rural.

Compromiso de reparación integral

Raymundo Ramos Vázquez, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, informó que el gobierno estatal presentó una propuesta formal que incluye la reparación integral del daño, atención médica y psicológica urgente, además de apoyos sociales y becas educativas.

” Es una propuesta seria. No hemos terminado las conversaciones, pero esto es un avance importante”, declaró Ramos Vázquez. Se estableció un plazo de 30 días para evaluar los avances y decidir si se levanta el plantón, en conjunto con familiares originarios de estados como Oaxaca, Hidalgo, Estado de México y Coahuila.

El subsecretario de Legalidad, Jorge Luis Beas Gámez, aseguró que la administración de Américo Villarreal asumirá la responsabilidad institucional, pese a que los delitos se cometieron en el sexenio anterior. “El gobernador ha instruido atender y reparar el daño a las víctimas”, afirmó. La Comisión Estatal de Atención a Víctimas coordinará las acciones para cumplir con las recomendaciones emitidas por la CNDH.

Dos policías siguen prófugos

En el ámbito penal, Ramos Vázquez denunció que dos policías estatales, identificados como Francisco Hernández Carbajal y Edith Esteban Cruz, permanecen prófugos desde 2022, a pesar de existir una recompensa por información.

El activista advirtió que la carpeta de investigación “no puede considerarse cerrada” mientras los prófugos no sean capturados y no se revise la situación jurídica de otros tres elementos que recibieron la figura de testigos protegidos sin contribuir significativamente al caso.

Las víctimas advirtieron que, si no se obtienen resultados concretos en el plazo acordado, retomarán las protestas. El expediente por violaciones graves a derechos humanos se mantiene abierto.