En diversas ocasiones, en este mismo espacio se han publicado las irregularidades en el Instituto de Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila.

Cito dos en concreto: mediante la sociedad mercantil Albora Grupo Empresarial de Capital Humano, S. de R.L. de C.V., la cual pertenece al hijo del líder magisterial durante la 4T, Alfonso Cepeda Salas, de nombre Alfonso Cepeda Garza, este ha obtenido 36 millones 192 mil pesos por concepto de “limpieza, seguridad y vigilancia” de la Clínica Hospital del Magisterio Unidad Saltillo, de 2018 a 2023. Periodo que, casualmente, coincide con el sexenio en que su padre funge como secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

Y luego está el asunto de los “insumos” que carecen, motivo por el cual no pueden hacer nada “hasta nuevo aviso”.

Se publicó aquí el 10 de septiembre que tan sólo en 2022 la razón social Médica Buslo, S.A. de C.V., se agenció 76 millones 161 mil pesos por seis contrataciones para “suministro de medicamentos” y “material de curación” del Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación de Coahuila, las cuales fueron formalizadas entre el 1 de febrero y el 23 de diciembre.

Resulta que la “empresa” se localiza frente a la Clínica Hospital del Magisterio, en Saltillo, en un pequeño local que ha cambiado de giro en varias ocasiones, donde la existencia en producto al mostrador no sobrepasa los 20 mil pesos (la mayoría materiales consumibles y desechables), y sus redes sociales -único medio de publicidad- están inactivas desde hace dos años.

Una pareja de socios, de 34 años, creó en la capital del estado por partes iguales la sociedad mercantil el 11 de noviembre de 2019, y tienen por domicilio fiscal una dirección enclavada en un territorio semidespoblado, entre las colonias Loma Linda y Misión Cerritos. Una zona de alta marginación e inseguridad en la capital.

Inclusive la única empleada figura en la plantilla de personal del Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación, como “dependiente de mostrador”, clave 503535, desde marzo de 2018.

Y si bien “Médica Buslo” cuenta con registro federal de contribuyentes y en el padrón de proveedores y contratistas de la administración pública del estado, emitido por la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, no aparece en el padrón de Cofepris.

El punto es que se trata del feudo particular de Alfonso Cepeda Salas, secretario general del SNTE, y el pasado 16 de noviembre la Auditoría Superior del Estado, al presentar el Informe de la Cuenta Pública 2022, ratificó las observaciones descritas con anterioridad.

Entre miles de páginas de revisión a las finanzas de los tres poderes del Estado, 38 municipios, organismos públicos descentralizados y entidades autónomas de Coahuila, al Instituto de Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila, quien ejerció ese año 589.6 millones de pesos, le realizó tres auditorías.

Cortita y al pie

Pese a lo tautológico de los documentos: oficios reiterativos que inducen al error, sumarios poco explícitos, sin mucha sustancia ni detalle, los cuales hay que desentrañar e interpretar, su carácter oficial es una radiografía para valorar el desempeño de los entes públicos.

En la primera observa un faltante por 30 millones 374 mil 645 pesos. En la segunda las irregularidades se cuantifican en 37 millones 335 mil 631 pesos, y finalmente la tercera señala 135 millones 636 mil 263 pesos.

Así, en total, la cantidad asciende a 203 millones 346 mil 539 pesos. El 35% del presupuesto. Uno de cada tres pesos. Básicamente todo lo administrativo. Identifica problemas en la contratación de servicios y adquisiciones, deficiencias en las contribuciones reportadas, incumplimiento de obligaciones en materia fiscal federal, cuentas por cobrar no recuperadas, y comprobación insuficiente de sueldos, salarios y prestaciones.

La última y nos vamos

En resumen: el Instituto de Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila es un completo desastre que siguen expoliando.

El negocio, se ha dicho antes, está en la subrogación. Ante la encrucijada de mantener nosocomios inoperantes, decadentes y precarios, llega un proveedor –de nombre Alfonso Cepeda- a brindar el servicio que ya no pudo -o peor aún, que deliberadamente no quiso- proporcionar la institución obligada. Previo pago millonario, por supuesto. Con recursos públicos, desde luego. Así al “muerto” lo siguen exprimiendo. Aunque, en los hechos, sigue estando “muerto”. La ganancia es lo único vivo en la trama.

Sin querer, la Auditoría Superior del Estado acaba de confirmarlo.