SDP | Ciudad de México.- Los 43 normalistas de Ayotzinapa no fueron ocultados tras su desaparición, sino que fueron víctimas de una ejecución sumaria, es decir, que fueron asesinados en un periodo breve, determinó la justicia federal.

Reforma posee una copia de las sentencias del Juzgado Primero de Distrito en Procesos Penales Federales y después por la del Segundo Tribunal Unitario de Tamaulipas, las cuales son inapelables.

En los documentos se señala que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) no acreditó el ocultamiento de las víctimas, uno de los tres requisitos básicos para configurar la desaparición forzada.

Los fallos señalan que las tres condiciones son indivisibles y a falta de una de ellas no se acredita el delito. Los otros requisitos que ya no analizaron los tribunales son la existencia de: la negativa de los acusados a dar información fidedigna sobre el paradero de las víctimas y que los civiles involucrados aprovechen el apoyo de funcionarios.

“La naturaleza jurídica (del delito de desaparición forzada) es distinta a la de otras figuras delictivas atentatorias contra la libertad personal, pues penaliza las acciones represivas de índole gubernamental en contra de la sociedad civil, que se traducen no sólo en la privación de la libertad de uno o varios individuos, sino predominantemente en su ocultamiento bajo detención”, indica una sentencia.

“Las constancias procesales apuntan en forma coincidente a que las víctimas no fueron mantenidas en el ocultamiento; muy al contrario, fueron detenidas, privadas de la libertad y trasladadas al lugar donde fueron ejecutadas sumariamente”, señala.

De acuerdo con los jueces, la desaparición forzada, por tener una finalidad “represiva”, implica una privación de la libertad extensa, y en este caso eso tampoco ocurrió, ya que las constancias indican que los estudiantes muy probablemente fueron asesinados horas después de su detención.

Abel Barajas destaca en su nota que con tales argumentos, se ha negado girar las capturas por desaparición forzada en contra de 56 acusados, entre ellos el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, así como policías municipales de Iguala y Cocula, y presuntos integrantes de la banda “Guerreros Unidos”.

Igualmente se negaron las detenciones de Felipe Flores Velázquez, exjefe de la Policía de Iguala, así como decenas de sus agentes subordinados y del municipio de Cocula, y presuntos integrantes de la organización criminal “Guerreros Unidos”.

Y es que la Procuraduría General de la República (PGR) presentó como indicios los testimonios de supuestos criminales que afirmaron haber participado en la ejecución e incineración de los estudiantes en el basurero de Cocula y en el posterior traslado de sus restos y cenizas al Río San Juan.

En la Universidad de Innsbruck, en Austria, se han identificado a Jhosivani Guerrero de la Cruz y Alexander Mora Venancio a partir del análisis de los restos recabados en el Río San Juan, en Cocula, cuya cadena de custodia ha sido cuestionada.

Pero esas identificaciones, eventualmente, podrían llevar a consignar a los involucrados por el delito de homicidio.

amg