Entre lo que resta de octubre y todo noviembre, los interesados en adquirir los activos de Banamex en venta, deberán entregar su oferta final a Citi. En el escenario solo se ven tres posturas.

Considere la del dueño del Grupo México encabezado por Germán Larrea, la de Daniel Becker y su Banco Mifel y la de Banorte que preside Carlos Hank González. Este último enfrenta un escenario
retador.

Sin entrar al terreno del precio, que para la parte vendedora que comanda Jane Fraser sería óptimo no menos de 10 mil millones de dólares, para Banorte son dos los grandes obstáculos a librar.

Primeramente está la plantilla laboral: si el banco dirigido por Marcos Ramírez es el que adquiere a Banamex, tendría que absorber a sus aproximadamente 31 mil empleados que tiene en todo el país.

Banorte cuenta a su vez con una planta laboral cercana a las 26 mil personas, por lo que se convertiría en una institución de poco más de 57 mil colaboradores, muchos de ellos redundantes en sus funciones.

BBVA, el banco español dirigido por Eduardo Osuna y tras el cual Banorte ha fijado el objetivo de alcanzarlo con la compra del negocio de la banca de menudeo de Banamex, posee alrededor de 40 mil trabajadores.

Para que la fusión de Banorte y Banamex sea económicamente rentable, el primero tendría que deshacerse de por lo menos 30% de la plantilla del segundo y cerrar tres cuartas partes de sus sucursales.

El primer factor, el de los empleados, va a tener un alto costo financiero, de ahí que ya se hable de un esquema de compartición de gastos con Citi y Banamex o un descuento en el precio final.

Aún así, la familia Hank y sus accionistas tendrían que aplicar inmediatamente un programa de retiro voluntario de personal para ajustar su nueva plantilla a los requerimientos del mercado y la
competencia.

El otro escollo a salvar por Banorte es el destino de la Afore Banamex, considerando que ya posee 50% de la Afore XXI, la más grande del sistema mexicano de pensiones privadas.

Y aquí se abren tres escenarios. El más sencillo es que la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, hagan valer su ley por encima de la Ley de Competencia Económica y se fusionen las dos afores.

Si bien la regulación solo autoriza un tope de 20% de participación del mercado, existe una cláusula que sí autoriza la concentración más allá de ese umbral si no se pone en riesgo el patrimonio de los
trabajadores.

Esa es la salida más óptima y rápida para solventar el tema de la afore, con lo cual Banorte se convertiría en el jugador dominante en número de activos administrados: la número uno sumaría la número tres.

ESTAS SON LAS principales colaboradoras de Raquel Buenrostro que aún estaban la semana pasada en el Servicio de Administración Tributaria, pero que seguramente empezaron ya a ocupar las posiciones claves en la Secretaría de Economía: Guadalupe Araceli García Martínez, administradora general Jurídica; Rosa María Gutiérrez Rodríguez, administradora general de Evaluación; Paloma Rachel Aguilar Correa, administradora general de Recursos y Servicios, y Andrea Yoalli Hernández Xoxotla, administradora general de Servicios al Contribuyente. El único hombre es Luis Abel Romero López, quien era el administrador general de Recaudación, y que ya tomó posesión de la Subsecretaría de Industria y Comercio. Sus respectivas posiciones en el SAT las asumirán nuevos cuadros en los que ya trabaja Antonio Martínez Dagnino, incluida la Agencia Nacional de Aduanas que dejó Horacio Duarte. Todos pasarán por la ratificación del Senado.

LA ALCALDESA DE Rosarito, B.C., Araceli Brown Figueredo, está desatada: sus huestes de las direcciones de Control Urbano, Recaudación de Rentas, de Bomberos y desde luego la de Verificación, que supervisan lo mismo restaurantes, licencias de construcción, usos de suelo y hasta registro de extinguidores, andan acosando a los diversos negocios bajo el pretexto de que están incumpliendo permisos. En realidad, la Presidenta Municipal los ha instruido a pasar charola, a que hagan su respectiva cooperación, en lo que los empresarios y comerciantes locales califican como un “cobro de piso”. Y cuidado con el que se resista porque le clausuran el negocio. En Rosarito se preguntan si Araceli está haciendo una bolsa para una nueva reelección o para retirarse.

EL JUEVES SE firmó en las oficinas de Altán, el convenio de acreedores, último paso para que la empresa presidida por Anthony McCarthy y dirigida por Carlos Lerma salga del concurso mercatil, estatus al que entró en noviembre de 2021. Se suscribió con entre 85% y 90% del consentimiento de los prestamistas, entre los que figuran Bancomext-Nafinsa, de Luis Antonio Ramírez; Banobras, de Jorge Mendoza; Huawei, de Ren Zhengfei; Nokia, de Pekka Lundmark; China Developement Bank, de Zhao Huan y Axtel, de Armando Garza Sada, entre otros. El convenio pasa ahora a la jueza concursal, Olga Borja, quien se espera lo apruebe este mismo mes. Se reestructuran 28 mil millones de pesos.

ANTONIO JUAN MARCOS Issa regresó directamente al negocio del contratismo. Recién lanzó Servicios Auxiliares Marítimos y Petroleros (Isamar), con el que pretende recuperar sus tiempos dorados en las administraciones de Pemex de Felipe Calderón y Enrique Peña. El asesor personal del exdirector Rogelio Montemayor en el sexenio de Vicente Fox, va por contratos millonarios de renta de embarcaciones a la llamada empresa productiva del Estado. Quizá usted relacione el apellido Issa al sector energético por la empresa Simsa, fundada por Salomón Issa Murra y actualmente dirigida por sus hijos Salomón y Nessim Issa Tafich, los cuales son sobrinos de Antonio Juan.