Una historia de investigación a contratos corruptos en el Gobierno de Enrique Peña Nieto, puede ser la puerta para cuestionar cómo se gasta el dinero para seguridad, también en la Administración actual.

Explico. El 30 de agosto, en el Diario Oficial de la Federación se publicó un emplazamiento para que Frida Martínez Zamora, se presente ante la Secretaría de la Función Pública a dar explicaciones sobre uno de los contratos controversiales del Gobierno anterior. Martínez Zamora era la secretaria general de la Policía federal durante buena parte del peñismo y fue la encargada, dice el emplazamiento, de administrar, pagar el contrato y asegurarse de que los equipos estuvieran bien usados.

El contrato fue para el uso de un sistema que se llama Wisdom Stone e incluye varios servicios de georreferenciación y vigilancia electrónica para áreas de seguridad. Se firmó con dinero de la oscura partida de Gastos de Seguridad Pública y Nacional, que incluye otros contratos actualmente bajo investigación en los que hubo mal uso de recursos públicos. El contrato inició en 2015 y para 2017 ya se habían comprometido 133.9 millones de dólares con la empresa Rafael Advanced Defense Systems, propiedad del estado de Israel.

La Auditoría Superior de la Federación encontró faltas graves en el contrato, como que hubo irregularidad en los pagos y se instalarían dos centros de datos cuando solo instalaron uno, sin que la Policía justificara cómo se usó el resto del dinero. Todo esto lo ha reportado Reforma, que ha dado buen seguimiento al caso, y otros medios, como la revista Proceso.

Ahora el emplazamiento a Zamora, la confirmación de que hay una indagatoria de casi 3 mil páginas en la Función Pública por este caso y la noticia de Reforma de que ella está prófuga y con ficha roja de Interpol, permiten preguntarse qué pasó con este programa y qué sucede en la Administración actual.

En 2015, tras la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, se presentó en Iguala. Allí anunció que el Gobierno estaba creando un sistema nacional de centros de inteligencia, que disminuirían los crímenes violentos en el país. Habría un Centro Nacional de Inteligencia, en las oficinas del Cisen en la Ciudad de México, y cinco centros regionales, conocidos como Cerfis. Instalaron uno en Coatzacoalcos, Veracruz, y otro en Manzanillo, Colima, ambos administrados por la Marina. Los otros tres en Apodaca, Nuevo León; en Iguala, Guerrero, y en Mazatlán, Sinaloa, serían administrados por el Ejército.

Nadie parece saber qué hicieron esos centros en la administración anterior, más que gastar millones de dólares en su equipamiento. En el último informe de Peña Nieto en noviembre de 2018 se anunció que en los centros se invirtieron unos 300 millones de dólares y “se logró el cumplimiento de más de 30 casos de atención relevante”. Si tomamos el costo de operación, gastaron unos 10 millones de dólares por cada caso relevante. Varios exfuncionarios que visitaron los Centros y que entrevisté dijeron que eran “salones grandes con computadoras, donde los agentes buscaban cosas en internet”.

En 2020, pedí explicaciones a Osorio por el caso. No tuve respuesta. Esta semana, ante lo de Zamora, él dijo que no estaba enterado de ninguna irregularidad. Pero estos gastos no solo son cosa del pasado.

En enero de 2020, el actual jefe del Ejército, Luis Cresencio Sandoval, anunció que se instalaría un sexto centro, ahora en Ciudad Juárez. Hace unos meses, El Financiero publicó que el hijo del general Sandoval trabajaba en el Centro Nacional de Inteligencia. Ahora, dos fuentes me aseguraron que el puesto de Sandoval hijo está precisamente a cargo de estos Centros.

Creo que si la Función Pública ha investigado el caso muy relevante de Wisdom Stone, podemos insistir en que también indague cómo se han usado y se están usando los recursos de seguridad en este sistema de centros, cuyos resultados son, a juzgar por la información pública, casi desconocidos.