El lunes pasado, la Fiscalía General de Campeche, realizó otra diligencia de cateo en una de las tantas casas del actual dirigente del PRI, Alejandro Moreno. Está acción judicial, según se dijo, fue dictada por un juez de ese estado.

El nuevo cateo a la casa del líder priista, es parte de una indagatoria en su contra, por los delitos de lavado de dinero y evasión fiscal, y es llevada por la Fiscalía de Campeche.

Así pues, este nuevo allanamiento a la casa de “Alito”, tenía como motivo principal, el de verificar los materiales con que fue construida la vivienda, además de buscar obras de arte en su interior.

Para muchos, esta investigación contra Moreno Cárdenas, no es otra cosa más que una clara presión pura y persevera contra un adversario político, por parte del Gobierno federal y su titular Andrés Manuel López Obrador, a quien en tiempos pasados “Alito”, tuvo la osadía de desafiar y tratar de someter.

De ser cierto lo relativo a que es esta una persecución política contra Moreno Cárdenas, se confirmaría que en los hechos y pasado el tiempo, se endurece más y más, el talante autoritario del Mandatario mexicano, quien diariamente lanza sendas amenazas contra sus opositores, con el único fin de mantenerlos quietos.

Ese mismo lunes, el Presidente antes de dar comienzo a su “mañanera”, advirtió: “lo peor está por venir”, lo que significa que el cateo al líder priista es el cumplimiento de su palabra, utilizando todo el peso del Estado. Con esto, Andrés Manuel busca dar una muestra a sus opositores de lo que puede pasarle a quien intente desafiarlo.

Al día siguiente, el presidente tratando convencer a los ingenuos, de que él nada tiene que ver con tales acciones judiciales, criticó a la Gobernadora de Campeche, Layda Sansores, asegurando que sus acciones atentan contra la dignidad de “Alito”.

“Ustedes saben que el señor no es santo de mi devoción, pero no estoy de acuerdo con el procedimiento, porque es indigno, porque no se puede humillar ni vulnerar la dignidad de las personas” dijo López O-brador, lo que sonó más como una confirmación de amenaza.

Sin duda, las anteriores acciones de la 4T les han empezado a dar frutos, ya que ese mismo lunes, el presidente nacional del PAN, Marko Cortés, informó que mejor será que sus militantes decidan si van o no en coalición el próximo año en Coahuila, por lo que serán formalmente consultados.

El líder panista, advirtió además, que su partido tiene buenas cartas en este estado, suficientes para ir de manera individual a esta próxima contienda 2023. Con estas declaraciones, el líder blanquiazul da a entender que desconocerá lo dicho por él, el mes pasado, cuando aseguró que el bloque opositor PAN-PRI-PRD sería permanente, tanto en lo legislativo como en lo político y electoral.

La no alianza entre los partidos opositores al régimen obradorista en Coahuila, le será benéfico a los de Morena, aún cuando no lograrán ganar la Gubernatura.

Es por esta razón que debemos concluir que, efectivamente la persecución al líder tricolor es parte de una estrategia política dirigida desde Palacio Nacional.

Para quien dude de esta aseveración, le invito a contestar las siguientes preguntas: ¿por qué si al líder nacional del PRI se le acusa por delitos fiscales, lo investiga el Gobierno y la Fiscalía de Campeche? ¿Acaso estos, no son delitos del orden federal?