El 6 de octubre, el presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar, entregó a la consejera jurídica de la Presidencia una propuesta para modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. La consejera, Luisa María Alcalde, dijo que la presidenta Claudia Sheinbaum haría suya la propuesta y la enviaría al Congreso. En entrevista, Aguilar me explicó por qué este cambio en la Reforma Judicial de 2024 importa y revela un problema central que la Corte ha enfrentado en estos años y del que se habla muy poco.

Entrevisté a Aguilar hace unos días, en la Suprema Corte. Le conté que me parecía relevante, en su propuesta de Ley Orgánica, devolver a la Corte el control sobre su dinero. Me lo parece porque durante los últimos años varias fuentes me han dicho que, desde la Reforma Judicial, la Corte no decide ni siquiera sobre cuándo y cómo puede comprar ni papel de baño.

Aguilar me miró serio, luego sonrió un poco y dijo: “Es absolutamente cierto su planteamiento. Aquí no hay ningún control del dinero. Eso fue de los cambios profundos de la reforma”. Los cambios profundos incluyen cómo se gasta el dinero en el Poder Judicial. “Antes el presidente de la Corte presidía el Consejo de la Judicatura, entonces tenía bajo su control todo el presupuesto del Poder Judicial. Hoy no. Para bien y para mal”, dijo. “Ni siquiera tengo el absoluto control del dinero que le toca a la Corte”.

Por eso, Aguilar relató que ha pasado mucho tiempo negociando con el Órgano de Administración del nuevo Poder Judicial para cualquier gasto que deba o quiera realizar. El presidente de este Órgano, la instancia donde se maneja todo el dinero del Poder Judicial desde la reforma de 2024, es Néstor Vargas, extitular de la Consejería Jurídica de la Ciudad de México cuando Sheinbaum era jefa de Gobierno.

Ahora, dice Aguilar, negoció con Vargas y otros miembros del nuevo Poder Judicial para presentar una propuesta conjunta. “A la consejera jurídica le planteamos que es necesario reformar ese esquema y darle mayor independencia financiera a todos los órganos superiores. Establecimos seis meses de diálogo y logramos acuerdos con el Órgano de Administración”, me dijo el ministro.

En otras partes del Poder Judicial, varias fuentes me han dicho que están muy preocupadas por el tremendo poder que Vargas ha tenido, sin que la prensa le preste casi ninguna atención. Una fuente me dijo, incluso, que el poder que hoy tiene Vargas constituye “una de las aberraciones de la reforma” que implicó que la Corte, en efecto, pida permiso al Órgano de Administración hasta para comprar café y galletas.

Ahora, “el Órgano va a fijar las reglas generales, pero cada órgano superior va a disponer y decidir sobre los recursos que le sean asignados”, dijo Aguilar. “Espero que se apruebe tal como lo estamos proponiendo y, a partir del siguiente año, vamos a tener una base jurídica sólida que nos dará independencia”. De esta forma, explicó el ministro, “vamos a tener un funcionamiento muy parecido al de los estados o al del Ejecutivo”.

“Tienes una Secretaría de Hacienda que emite la normatividad, pero no compra ni supervisa la operatividad de cada instancia. Cada instancia tiene autonomía para ejercer”, dijo. “Ellos no tienen por qué decirnos qué tipo de personal, qué capacidad, qué formación debe tener cada uno de nosotros ni en qué momento los debemos de contratar o rescindir el contrato”.

Aguilar dijo que estos cambios no modifican “el núcleo duro de la Reforma Judicial” que es la elección de jueces. Y recalcó que la reforma representó “una oportunidad histórica” que le permitió llegar a presidir la Corte, después de que durante muchos años, cuando estuvo en ese edificio que ahora dirige, los ministros “nunca lo recibían”.

Admite que algunos organismos judiciales necesitan “un impulso mayor” como el Tribunal de Disciplina. “Todavía me llegan muchísimas quejas de todos lados”, aceptó. “Siempre va a haber esa nata de gente que no entiende la función que está desempeñando, gente que entiende la función como una oportunidad para enriquecerse, no como servicio a la ciudadanía”.

Ahora, falta que la Presidenta mande la propuesta de cambio de la Ley Orgánica al Congreso, que se apruebe y que haya voluntad política para que la Corte decida otra vez sobre su propio dinero, como ocurría antes de la reforma de 2024.”