Cuando fungía como Jefe de Gobierno de la Ciudad de México hizo gala de su aptitud para responder a los cuestionamientos que le resultaban incómodos valiéndose de falacias. Hoy, acorralado por el descubrimiento de la “casa gris” en la que vive su hijo en Houston y queriendo distraer de ese tema la atención, tuvo la peregrina ocurrencia de enderezar las baterías, una vez más, contra España, sin cuidarse de hacerlo con tino y propiedad.

No logró su propósito: las redes sociales mantuvieron como tendencia preponderante todo aquello que con la “casa gris” se vincula.

La información en estos tiempos se abre camino para pasar de la opacidad a la transparencia, como ha ocurrido en este caso, pródigo en detalles que surgen de momento a momento, a pesar de los intentos de la autoridad por obstruir esas vías. 

Lo que hasta hoy se conoce -y nadie ha desmentido- permite inferir que, si un directivo de una empresa -Baker Hughes- que hace negocios con Pemex, pone a disposición del hijo del presidente una lujosa casa, se justifica la suspicacia, dado que hay una probabilidad (se diría que alta) de que esté imbricado en la trama un serio conflicto de intereses y aun la posibilidad de que exista tráfico de influencias.

El inútil esfuerzo por ocultarlo, o desviar del hecho la atención enderezando la atención a la relación con España, sólo ha contribuido a afianzar esa sospecha que, de confirmarse, constatará que existe corrupción en el acto mismo, pero también -y aunque no fuera así- en los intentos de encubrirla y en la impunidad que pudiera darse en el caso.

La falacia de distracción no funcionó, y quizás ante la proximidad de la consulta revocatoria, se intentó aplicar por segunda ocasión la receta, esta vez con alguna dosis que se consideró más poderosamente distractora, y entonces se arremetió en contra del periodista Carlos Loret de Mola, haciendo pública información que corresponde a sus datos personales y por consiguiente es confidencial.

Se puede anticipar que este segundo intento resultará a la postre también infructuoso, porque el asunto ya escaló y hay cuestiones conexas a él que ya trascienden nuestras fronteras, pues anunció la senadora Xóchitl Gálvez que será presentada una denuncia ante las autoridades competentes de los Estados Unidos por esos hechos, además de que se conoce el texto de una comunicación, girada por un accionista de la empresa estadounidense a los directivos de ella, pidiéndoles, por sí mismo y en nombre de otros accionistas cuyos nombres no menciona, que aclaren lo acontecido y procedan a informar a las autoridades de su país, a los accionistas y a los medios, de la manera que sea procedente.

Con toda seguridad serán vistos todavía más episodios, que difícilmente podrán ocultarse con un dedo, o con toda una batería de falacias.

Sin ser adivinos, es fácil avizorar, que, de seguir así, se actualizará el peor riesgo de un mal gobierno: la degradación de la calidad de vida de los habitantes del país, con los pobres pasándola peor que todos.

Hay que añadir este infausto asunto a la vastísima colección de dislates cometidos en la primera mitad del sexenio, que son muchos y muy graves cada uno de ellos considerados aisladamente, pero que en conjunto dan en un producto mucho más pernicioso que la suma de todos, porque contribuyen al deterioro de la incipiente democracia mexicana, como se muestra en el informe de “The Economist Intelligence Unit”, en el que México aparece reclasificado: de “democracia defectuosa” ha pasado a ser “régimen híbrido”, a un paso de ser “régimen autoritario” (https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2021/).

Un examen objetivo de las circunstancias, a fuer de ser imparciales, difícilmente aportará elementos válidos para contradecir ese informe.

Gobernar bien -y no es admisible otra forma de hacerlo- requiere de seriedad, decencia y buena fe, cuando menos y por si fuera mucho pedir, además, inteligencia ¿hay motivos, en su ausencia, para abrigar esperanzas?