Los exgobernadores tienen el margen político que el Ejecutivo de turno les permite de acuerdo con la circunstancia; el acatamiento de la regla según la cual “el poder no se comparte”; el grado de compromiso o complicidad entre ambos; o la pretensión de un mando transexenal. Hasta la Administración de Humberto Moreira, el influjo de los exmandatarios era nulo.

Las cosas cambiaron, para mal, cuando impuso como sucesor a su hermano Rubén, cuya influencia es ostensible en algunos municipios, el Congreso, el Tribunal Superior de Justicia, ciertos medios de comunicación y en organismos “autónomos” como el Instituto Electoral de Coahuila y el Sistema Estatal Anticorrupción, compuesto por incondicionales del clan.

El damnificado es Humberto, pero goza de impunidad por la megadeuda de 38 mil millones de pesos cuyo destino se ignora después de 10 años de haberse denunciado. Rubén lidera el grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados donde actúa como comparsa de Morena; Álvaro tiene su propia bancada en el Congreso y también aspira a la Gubernatura; y Carlos conserva el cacicazgo en el SNTE e injiere en asuntos relacionados con la educación. Históricamente, los cambios de Gobierno implicaban relevo de funcionarios, incorporación de nuevos cuadros y ruptura con el pasado. Los Moreira y sus secuaces se resisten a salir de la escena; al contrario, están metidos en la sucesión estatal y su favorito está a la vista. Miguel Riquelme podría modificar la ruta con un candidato afín a su raíz lagunera. Por ahora, la moneda está en el aire.

La elección de 2023 pondrá a prueba a un gobernador bien calificado en términos generales y con los hilos del poder en las manos, cuyo principal rival ya no es el PAN, sino Morena, pero debe lidiar con los Moreira. También se probará la paciencia de los coahuilenses, que en 2017, votaron contra el continuismo, sin embargo, la dispersión del sufragio frustró la alternancia.

El principal escollo de Riquelme Solís para retener el poder es la ola guinda, cuyo impulso se debe al presidente Andrés Manuel López Obrador. En los comicios de junio pasado, Morena se hizo con 11 gubernaturas de 15 en juego; además, encabeza la intención de voto en la mayoría de los estados (seis) que el año próximo elegirán Gobierno. La maquinaria propagandística disimula el desgaste del PRI, mas no las grietas ni el enfado ciudadano por la megadeuda, la corrupción y la impunidad del moreirato.

Evitar la confrontación con activistas de los derechos humanos, líderes cívicos y religiosos e incluso de su propio partido, bajo acoso permanente en el Gobierno de Humberto y Rubén Moreira, le ha permitido a Riquelme Solís mantenerse a flote. Aun así, le aguarda un cierre de sexenio complicado por el agobio financiero derivado de la deuda y la falta de apoyo federal. Frente a una oposición abúlica, sin figuras ni propuestas, los movimientos civiles se multiplican, toman las calles y empiezan a marcar nuevas agendas.

El endurecimiento contra esos grupos no debe ser la respuesta de una administración cuya política de conciliación, le ha permitido conservar la estabilidad política y social y una percepción positiva reflejada en las encuestas.

Coahuila no ha sido motivo de escándalo nacional por casos de corrupción y violaciones a los derechos humanos como lo fue en el docenio trágico.

El gobernador lagunero se adaptó a las circunstancias. Si mantiene el control, el final del sexenio podría ser menos turblento.