Como podría pensar el ciudadano informado, que sigue detenidamente la paulatina metamorfosis que ha experimentado la ciudad, a raíz de los cambios e innovaciones en el transporte público, la colocación y uso de los primeros parquímetros no fue propuesto por especialistas como urbanistas, arquitectos e ingenieros: sorpresivamente no fue así, la estratégica intuición de cobrar el estacionamiento en las calles y avenidas a los vehículos, se gestó en un sector ajeno al de los expertos en diseño urbano.

Tampoco fue idea del Gobierno en su interés de recaudación monetaria para incrementar sus arcas, sino que procedió de los comerciantes de la ciudad de Oklahoma, en Estados Unidos, alrededor de 1930. Su propuesta la justificaban ante la administración del condado gubernamental, diciendo que debido al vertiginoso crecimiento de la ciudad, reflejada, desde luego, con la utilización de más automóviles, era necesario regular su circulación. El razonamiento era el siguiente: con el funcionamiento de los parquímetros, por el pago que implicaban, habría una mayor rotación de espacios disponibles para aparcarse en el centro comercial citadino, y de alguna manera eso favorecería su nivel de ventas. Coincidentemente, quizá sí, muchos años después los comerciantes del Centro de Saltillo hicieron la misma petición al Presidente municipal en turno, aunque la puesta en marcha del proyecto implicó una erogación adicional de ingresos al automovilista que pretende estacionarse en áreas reguladas por parquímetros.

Según declaraciones del funcionario responsable de la administración de los estacionómetros, el precio por hora ascenderá a cerca de 10 pesos, cuyo pago se podrá realizar en efectivo o con tarjeta  bancaria desde una aplicación instalada en el celular del consumidor. El precio está por debajo de la media que cobran los estacionamientos públicos situados en el Centro, que asciende a 15 pesos por hora, lo que teóricamente puede desincentivar la afluencia de vehículos a estacionamientos públicos.

Aunque aún no existe una declaración oficial, se sabe marginalmente por periodistas que cubren la fuente municipal, que la empresa que ganó la licitación -que compite en un mercado oligopólico en el país- cubrirá el costo total de la inversión -no publicado-, cuyo retorno se presupone que no debe rebasar los 10 años, porque ese fue el plazo que le otorgaron para la concesión del servicio, con opción de refrendarla por un periodo más. También extraoficialmente, se conoce que del total de los ingresos que se reciban por el uso del servicio, la mitad (50%) la administrará el Municipio, el resto de los recursos amortizará la deuda contraída con la compañía. El destino de los recursos que reciba la tesorería municipal está asegurado, pues se distribuirá por partes iguales a organizaciones sociales de la región y al Patronato del Centro Histórico.

En el ámbito de la especulación, se estima que los usuarios de los parquímetros aportarán entre 20 y 22 millones de pesos anualmente, cifra poco significativa para el erario municipal en relación con otras partidas que recibe de la ciudadanía, por ejemplo el impuesto predial, o permisos por la venta de alcohol. Tal vez por ello la extraña magnanimidad de donarlo íntegramente a terceros.

La teoría económica, en especial la que estudia la región, recomienda que los proyectos públicos se analicen considerando el entorno socioeconómico en el que incidirán, para poder evaluar sus costos y beneficios, además de sus externalidades en la ciudad. Partiendo de esa consideración, la llegada de los parquímetros coincide con la propuesta municipal de cerrar algunos cortos tramos de calles a la circulación de automóviles, con lo que alrededor de seis manzanas aledañas a la Plaza de Armas serán de acceso exclusivo para peatones. Ambos proyectos se pondrán en marcha en los primeros meses de 2023, lamentablemente sin un ordenamiento territorial previo, con varios meses de antelación, que haya considerado el transporte público y privado.

La ausencia, o el caso omiso, de un plan director urbano, traerá costos adicionales (tiempo, combustible, etc.) e incomodidades tanto a usuarios del transporte público como a automovilistas, que probablemente disminuirán la frecuencia de visitas al Centro por esparcimiento y compras, y las dejarán solo para aquellas de suma urgencia.